Paul Bulcke, CEO de Nestlé, en su comparecencia ante el Foro Económico Mundial 2011 que se celebró en la ciudad Suiza de Davos, hablando sobre la realidad económica actual, afirmó que la honestidad no se puede regular por ley, dando a entender que el empresario se debe a un código ético de conducta.

 

Este comentario viene a colación de la reciente polémica surgida en España a propósito de los “bonus” de las cajas en favor de sus directivos. Una compensación económica que conceden los Consejo a sus directivos en reconocimiento a su excelente gestión durante el año anterior.

 

Caja Madrid anunció su decisión de repartir 25 millones de euros entre sus directivos y Caixa Cataluña, por su parte, aprobó un plan de retribución en favor de sus directivos y empleados mediante el pago de 300.000 euros semestrales. Todo un derroche de admirable gestión al frente de ambas cajas.

 

En 2002 Ángel Corcóstegui recibió un cheque de 100 millones de euros en concepto de indemnización por el Banco de Santander de acuerdo a los términos de su contratación, la más alta jamás pagada en España. Sin embargo, tal desorbitada suma, fue producto de acuerdos privados suscritos entre privados con dinero privado y si alguien tuvo derecho a protestar su pago, ellos fueron los accionistas del Banco. Por tanto nada que objetar a los que estén fuera de su organización, salvo el asombro personal. Los derechos al honor, la imagen y la intimidad son derechos fundamentales del individuo, consagrados en la Constitución y sólo los perjudicados tienen derecho a reclamar.

 

Los casos de Caja Madrid y Caixa Cataluña, por el contrario, son radicalmente distintos y el enfoque de esta crónica parte del alcance y diferencia que existe entre los conceptos dinero público y dinero privado. La actuación desleal, el enriquecimiento injusto o la apropiación indebida entre particulares se resuelven ante la jurisdicción ordinaria previo el ejercicio de la acción que le asiste al particular perjudicado. La sociedad, en esos casos, carece de legitimidad. Por contra, las decisiones de Caixa Cataluña y Caja Madrid anunciando el reparto de dinero entre sus directivos y empleados entran de lleno en el ámbito del derecho público y, en consecuencia, objeto de crítica al alcance de cualquier ciudadano.

 

Ambas cajas acudieron a la ayuda del Estado a través del FROB para financiar primero, los procesos de fusión y después su conversión en bancos. Estamos pues, ante dinero público y resulta una contradicción que sorprende a cualquiera, que sus directivos sean premiados por su excelente gestión empresarial cuando ellos mismos adoptaron la decisión de pedir ayuda al contribuyente. En este sentido, Esperanza Aguirre, Presidenta de la Comunidad de Madrid ha saltado inmediatamente a la palestra desaconsejando su pago, en aras al principio de la oportunidad.

 

Con todo y ello, los directivos de Caja Madrid, ajenos a la realidad, insisten en su derecho y han anunciado su reclamación ante los Tribunales, alegando la existencia de un acuerdo anterior a la fusión y anterior a la Directiva de Bruselas que prohíbe el pago de bonus a directivos y empleados en el caso que la institución financiera esté disfrutando de ayuda pública.

 

Que los Consejos de Caixa Cataluña y Caja Madrid, receptores de ingentes cantidades de dinero del Estado con el propósito de paliar sus pésimas gestiones, hayan acordado el pago de bonus a sus directivos y empleados, premiándolos por su admirable gestión, es una muestra de la situación desquiciada en que se encuentran las cajas.

 

La honestidad no se puede legislar.

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