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Principio de legalidad tributaria en venezuela

Partiendo del Derecho Tributario como una rama del Derecho Público, se debe acudir a la noción general del principio de la legalidad de los actos consagrado en el articulo 137 de la Constitución Nacional, a partir del cual se puede definir el mismo como “el principio según el cual toda actividad del Estado debe estar conforme con el Derecho del Estado” (Brewer Carías, p. 453).

Otros autores de la doctrina lo definen como un principio fundamental del Derecho público conforme al cual todo ejercicio del poder público debería estar sometido a la voluntad de la ley de su jurisdicción y no a la voluntad de las personas, razón por la cual se dice que el principio de la legalidad crea seguridad jurídica. (http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_legalidad, página consultada el 19/09/09 a las 3:00 p.m.)

El principio de la legalidad posee un doble sentido, según expone el Dr. Pedro Luís Bracho Grand en su obra “Fundamentos de Derecho Público”, los cuales son los siguientes:

 

  • Un sentido estricto: sumisión de todos los actos estatales a la Ley, a la Legislación en sentido lato (Constitución, Leyes y Reglamentos).
  • Un sentido amplio: Sometimiento de los actos individuales y concretos, provenientes de una autoridad a las normas generales y abstractas, previamente decididas, sean o no de origen legislativo e inclusive provenientes de una misma autoridad, se le consagra en el artículo 13 de la Ley Orgánica de Procedimientos Admisnitrativos.

 

La consecuencia fundamental de la inobservancia del principio de legalidad es la nulidad o anulabilidad de los actos contrarios a la legalidad.

Ahora bien, en la materia tributaria, en virtud del principio de legalidad, sólo a través de una norma jurídica con carácter de ley se puede definir todos y cada uno de los elementos de la obligación tributaria, esto es, el hecho imponible, los sujetos obligados al pago, el sistema o la base para determinar el hecho imponible, la fecha de pago, las infracciones, sanciones y las exenciones, así como el órgano legalizado para recibir el pago de los tributos.

La Constitución Nacional prevee dentro de su articulado la noción de la legalidad en materia tributaria al disponer en su articulo 317 lo siguiente:

 

Artículo 317. No podrá cobrarse impuestos, tasas, ni contribuciones que no estén establecidos en la ley, ni concederse exenciones y rebajas, ni otras formas de incentivos fiscales, sino en los casos previstos por las leyes. (…)

Así mismo el Principio de la Legalidad Tributaria es desarrollado por el Legislador en el Código Orgánico Tributario cuando señala:

 

Artículo 3: Sólo a las leyes corresponde regular con sujeción
a las normas generales de este Código las siguientes materias:

1. Crear, modificar o suprimir tributos; definir el hecho imponible; fijar la alícuota del tributo, la base de su cálculo e indicar los sujetos
pasivos del mismo.

2. Otorgar exenciones y rebajas de impuesto.

3. Autorizar al Poder Ejecutivo para conceder exoneraciones y otros beneficios o incentivos fiscales.

4. Las demás materias que les sean remitidas por este Código.

Parágrafo Primero: Los órganos legislativos nacional, estadales
y municipales, al sancionar las leyes que establezcan exenciones, beneficios, rebajas y demás incentivos fiscales o autoricen al Poder Ejecutivo para conceder exoneraciones, requerirán la previa opinión de la Administración Tributaria respectiva, la cual evaluará el impacto económico y
señalará las medidas necesarias para su efectivo control fiscal.
Asimismo, los órganos legislativos correspondientes requerirán
las opiniones de las oficinas de asesoría con las que cuenten.

Parágrafo Segundo: En ningún caso se podrá delegar la definición
y fijación de los elementos integradores del tributo así como
las demás materias señaladas como de reserva legal por este artículo,
sin perjuicio de las disposiciones contenidas en el Parágrafo Tercero
de este artículo. No obstante, cuando se trate de impuestos generales o específicos al consumo, a la producción, a las ventas o al valor agregado, así como cuando se trate de tasas o de contribuciones especiales, la ley creadora del tributo correspondiente podrá autorizar para que
anualmente en la Ley de Presupuesto se proceda a fijar la alícuota del impuesto entre el límite inferior y el máximo que en ella se establezca.

Parágrafo Tercero: Por su carácter de determinación objetiva
y de simple aplicación aritmética, la Administración Tributaria
Nacional reajustará el valor de la unidad tributaria de acuerdo con lo
dispuesto en este Código. En los casos de tributos que se liquiden por períodos anuales, la unidad tributaria aplicable será la que esté
vigente durante por lo menos ciento ochenta y tres (183) días continuos del período respectivo. Para los tributos que se liquiden por períodos distintos al anual, la unidad tributaria aplicable será la que esté vigente para el inicio del período.

 

La máxima latina nullum tributum sine legem determina que para que un tributo sea considerado como tal debe estar contenido en una ley, de lo contrario no es tributo.

Bibliografia.

Brewer Carias, Allan. "Instituciones Politica y Constitucionales" Editorial Juridica Venezolana. Caracas 1984.

Bracho Grand, Pedro. "Fundamentos de Derecho Publico" Editorial Vadell Hermanos. Caracas 2000.

http://es.wikipedia.org/wiki/principio_de_legalidad, consultada el 19/09/09

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