En los Presupuestos Generales del Estado para 2015, el Gobierno del Partido Popular ha decidido retrasar la reforma de las pensiones de viudedad para los pensionistas mayores de 65 años, que preveía pasar del actual 52% de la base reguladora al 60% de esta base con carácter general, y al 70% en determinadas condiciones de cargas familiares. La reforma determina el aumento progresivo y homogéneo de la base de cálculo en un plazo de 8 años a partir del 1 de enero de 2012.

Desde la llegada al poder del PP se ha retrasado año tras año. Esta medida está incluida en la Ley de reforma de las PENSIONES del año 2011 y fue una recomendación del PACTO DE TOLEDO. Los aspectos más perjudiciales de dicha reforma para la obtención y cuantía de las prestaciones de las pensiones se han aplicado de acuerdo al calendario previsto.

El Pacto de Toledo es una ponencia, dentro de la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, del año 1995, que recibe el encargo de elaborar un informe de análisis de los problemas estructurales del sistema de seguridad social y de las principales reformas que se deberán afrontar para garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones. Dicho pacto se ha ido renovando en estos veinte años y sus recomendaciones se han tenido en cuenta por los diferentes gobiernos.

La proverbial verborrea social de PP es humo y pone en evidencia que la mentira como método y la burla a la ley como acción política son instrumentos de la gestión gubernamental. Unas disposiciones que, como siempre, benefician a las grandes rentas y salen de los bolsillos de los más desfavorecidos. Para el Ministro de Hacienda, la JUSTICIA social es la que resulta de reducir la presión fiscal a los ricos con cargo al presupuesto de la prestación de viudedad.

Pensiones, ley y justicia social

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