En un día como hoy, es posible que hasta tres personas en Colombia puedan sufrir un cambio radical en su vida. Todo por culpa de encontrarse con un centinela de la guerra; insomne, invisible y letal. Conocer el caso de una sola víctima de las minas antipersonal nos puede estremecer de forma indecible.

Existen diversos informes que detallan la cantidad de víctimas que cobra este fenómeno, el Observatorio de Minas Antipersonal de la Vicepresidencia de Colombia cuenta con informes y bases de datos detalladas del número de personas afectadas por las minas antipersonal (MAP) y la munición sin explotar (MUSE). Las cifras son aterradoras y los programas del gobierno en prevención, apoyo y restitución de los derechos de los afectados, no muestran resultados significativos. Lo más desalentador es que la situación parece empeorar, en vez visibilizarse una solución que deje en el pasado esta horrible práctica de guerra.

Es claro que el uso de estos artefactos infringe el DIH, este flagelo día a día se ve marcado en los cuerpos de soldados, campesinos y los mismos insurgentes que activan las minas. Sin embargo, por más esfuerzo que hagan el Estado colombiano, las Ongs y la cooperación internacional, este drama no va a cesar, si no se revisan otras instancias del conflicto armado en Colombia.

Entonces, vale la pena levantar un poco la mirada, sin perder de vista la problemática, y observar las causas y la lógica, por más absurda que parezca, del uso de esta herramienta de guerra.
Desde sus inicios, en la segunda guerra mundial, el uso de las minas antipersonal cumple la labor de desmoralizar y a su vez retener el avance de las tropas enemigas y aterrorizar a la población civil, también han sido usadas para proteger territorios; inclusive el ejército de Colombia, luego de haber firmado del tratado de Ottawa en 1997, aun tiene sembradas minas en algunas bases militares.

Durante el gobierno de Álvaro Uribe la ofensiva de las fuerzas armadas se ha intensificado significativamente, causando un viraje en los enfrentamientos, determinados por la capacidad de resistencia de las guerrillas y las ofensivas ejecutadas por el Estado. Esto explica, en parte, porqué la mayoría de los accidentes por minas ocurren en los lugares donde hay enfrentamientos. Por lo general los combates tienen lugar en las veredas y lugares circundantes a las cabeceras de municipios que históricamente han sido de dominio de las guerrillas. La activación de las minas muchas veces se hace en medio de combates con el objetivo de retrasar y causar bajas a las fuerzas de seguridad del Estado, esta dinámica hace complicada la ubicación y señalización de los campos minados, por otra parte, asegura la permanencia, hacia adentro, de los insurgentes e impide la movilización de la población amenazada, entre otras cosas.

Dicen por ahí, que no hay peor ciego, que el que no quiere ver y esa parece ser un poco la situación del gobierno frente al drama de las minas antipersonal. Diferentes organismos internacionales han instado a los grupos armados a que cesen de manera inmediata la producción y el uso de las minas, así como la destrucción de las que tengan en su poder, porque así lo exigen las leyes de la guerra. A su vez, y en varias ocasiones, las autoridades en Colombia se han negado a reconocer que existe un conflicto armado en el país. Sin reconocer el problema de fondo, no se pueden dar soluciones a sus consecuencias.

Mientras el avance de las fuerzas armadas sea más rápido, más efectivo y tenga más presupuesto, que los programas de prevención, reparación y restitución de los derechos de la población afectada; será muy complicado encontrar una solución definitiva al horror que «según datos del gobierno» más de 7500 colombianos han sufrido durante los últimos 18 años.

Para la muestra, una cifra: la inversión en el 2009, estimada por el gobierno para combatir las guerrillas, asciende a 19.2 billones. La inversión del 2009 al 2019 para atender al 100% de las víctimas, hacer estrategias de educación sobre riesgo de minas (ERM), gestión territorial en todos los municipios donde se presentan estos casos y restituir el 100% de las tierras donde hay sospecha de la presencia de minas; es de 795.280 millones de pesos.
Vale aclarar que las fuentes de estas cifras son el Ministerio de Defensa y el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (PAICMA), respectivamente.

Hay que seguir insistiendo en encontrar procesos diferentes a los bélicos, que garanticen los derechos de la población que se encuentra atrapada en medio del conflicto armado. Antes de corroborar que los esfuerzos que hace el gobierno seguirán siendo inocuos.

Comparte este Goo:

¿Tiene contenido inapropiado?

Comparte este goo con un amigo: