La Política de la Corte

 

Según la Constitución Nacional Colombiana en nuestro país existe una tridivición de poderes conformados por la rama legislativa, ejecutiva y judicial que deben actuar de manera independiente pero armónicamente.

 

La Corte Suprema de Justicia es el mas grande ejemplo de que en Colombia existe un total respeto por la independencia de sus poderes, esto queda en evidencia con las investigaciones que esta corporación ha tramitado, en donde varios congresistas están cumpliendo condenas por sentencias proferidas por la Corte sin la injerencia y con el pleno respeto del Congreso y el Gobierno Nacional, así no halla ocurrido lo mismo con las investigaciones que se adelantaron por los nexos de algunos dirigentes políticos y periodísticos con el grupo guerrillero de las FARC, que debieran correr con la misma prontitud con la que avanza las indagaciones de la llamada Parapolítica, quedando con esto en evidencia el interés profundo de la Corte de generar incertidumbre y desconfianza en el oficialismo que no ve en esta institución la imparcialidad con la que debiera actuar cuando investiga las relaciones con los paramilitares que cuando lo hace con las FARC. Esto es solo un ejemplo del actuar de la politizada Corte Suprema de Justicia que en varias ocasiones se ha mostrado reacia con el ejecutivo pero permisiva con la subversión, en muchas ocasiones ha levantado su voz para criticar las políticas de un gobierno que ha dado resultados o para rechazar las declaraciones del embajador de Estados Unidos en este país, pero con vergüenza hemos sido testigos del silencio profundo de esta corte ante las amenazas de la guerrilla y los atropellos de gobiernos vecinos.

 

Siempre hemos escuchado que la justicia debe ser ciega, es decir, que para el caso en mención, no se deben tener pretextos para dictar sentencias tan sentidas en contra de algunos mientras que se guarda silencio y se esquiva al actuar judicial para otros. Nunca antes se había visto y muchos menos evidenciado la independencia con la que actúan los entes jurisdiccionales en este país, los escándalos delincuenciales que se presentaban en gobiernos anteriores escasamente eran investigados (si es que se iniciara alguna investigación) en el mismo periodo gubernamental, o es que acaso ocurrió algo con los nexos del Congreso y el Gobierno de Samper con los grupos narcotraficantes, o es que en el Gobierno de Pastrana se investigaron los nexos de algunos con las FARC, eso solo se ha podido dar en un gobierno que garantiza la independencia judicial y que ha respetado sus providencias así no las comparta.

 

Deja mucho que pensar que algunos congresistas renunciaran a su fuero para que la indagación de sus presuntos nexos fuera realizada por la Fiscalía General de la Nación , pero lo que nos cuestiona a todos es el temor de estos a que sus procesos fueran tramitados por La Corte, ¿es tanta la parcialidad de la Corte Suprema de Justicia que hasta sus investigados le huyen?, ¿es tanta la desconfianza en esta corporación que hasta se le teme a sus fallos?. Es indudable que estamos ante una Corte independiente pero totalmente politizada, movida por un interés de desestabilización gubernamental que omite investigar aquellos hechos tan evidentes para algunos como lo es el caso de la FARC-Política.

Estamos entonces ante una Corte dictatorial que no solo aplica la ley sino que legisla, que no solo dicta sentencias sino que actúa en política, que realiza ruedas de prensa para generar incertidumbre en contra del ejecutivo y que se reúne con directores de diarios para solicitar el retiro de sus paginas de periodistas que no comparten sus sentencias, y eso que no se ha tocado el tema de la extradición, de la dosis personal y de el reenvió de los procesos investigados por la Fiscalía a esta corporación; hechos que demuestran lo sustentado en estas paginas y el proceder irregular de esta corporación.

 

Para no dejar en el ambiente ninguna duda del manejo parcializado y lesionador que la corte da al ejecutivo nos vamos a referir al sonado tema de la terna que el Gobierno Nacional en cabeza del Presidente de la Republica envío a esta Corporación para el nombramiento del Fiscal General de La Nación. La Constitución Nacional en su articulo 247 dice que el fiscal será elegido por la Corte Suprema de Justicia de terna enviada por el Presidente de la Republica, es así entonces como el mandatario Colombiano ha cumplido con su deber constitucional de postular a tres personas de amplia trayectoria profesional para el cargo en mención, la Corte Suprema de Justicia en cambio ha incumplido con la obligación que la Carta Magna les proclama para el nombramiento del Fiscal General. Esta corporación ha sostenido a través de diversos medios de comunicación que no elegirá a un fiscal de los ternados por el presidente de este país por considerar a los aspirantes como no idóneos, justificando tal rechazo en que ninguno de los aspirantes posee especializaciones en derecho penal, requisito que no es indispensable según lo dispuesto por el articulo 232 C.N.

 

Nunca antes desde 1.991, año en el cual se proclama la Constitución Política de Colombia, la Corte había rechazado terna alguna y menos aun se argumento el rechazo en un planteamiento tan carente de legalidad como lo es la exigencia de ser penalista, hecho que solo demuestra en concordancia con lo que ya se había dicho, el deseo inagotable de la Corte de generar inestabilidad política y reacciones de reproche. O es que acaso ¿todos los magistrados de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia son penalistas o todos los de la sala civil, civilistas?

 

Cuando se nombra a un juez o magistrado estos se deben despojar de toda ideología o interés político, por que si no lo hacen entonces sus fallos o sentencias estarían envueltas de estos matices políticos, convirtiendo a los entes jurisdiccionales en corrientes partidistas que actúan en pro de su interés y no en aras de la justicia y es así como ha demostrado actuar La Corte Suprema de Justicia.

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