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La Jurisdicción Indígena en Colombia

INTRODUCCIÓN

 

 

La aparición de la Constitución Política de Colombia en el año de 1991, trajo consigo el advenimiento de nuevas figuras jurídicas, nuevos entes burocráticos y el nacimiento de un marco axiológico y de principios que para la Constitución de 1886 eran completamente desconocidos, debido a que las circunstancias históricas, sociales, políticas y económicas no eran predominantes para aquella época. Por ello después de más de cien años de vida jurídica de la Constitución de 1886 y a pesar de sus respectivas reformas, se hizo visiblemente necesaria una transformación de dicha Carta ya que las condiciones históricas exigían que el entorno jurídico se adecuara a ellas; y por eso la sociedad colombiana representada en diversos movimientos, especialmente el movimiento estudiantil  de la “séptima papeleta”, instó de manera democrática a que la vida humana que se encontraba en Colombia fuera objetivada.  

 

Como es bien sabido, el derecho posee la característica  de ser dinámico por lo que siempre está inmerso dentro de una realidad histórica,  a la cual debe adecuarse; sin desconocer su pilar básico de “dar a cada uno lo suyo”, representado en la virtud de la justicia. Atendiendo al postulado anterior, se hizo evidente otorgar el reconocimiento y protección de diversas relaciones  de índole interpersonal, relaciones del individuo para con el Estado y relaciones de ciertos grupos sociales para con el estado; debido a que estas nuevas realidades requerían de la intervención del derecho para darles una adecuada reglamentación.

 

Dentro de esas nuevas figuras, a título de ejemplo, podemos mencionar las uniones de hecho, la acción de tutela, las acciones populares, el estado aconfesional o estado laico, etc. Como nuevas

 

instituciones burocráticas encontramos la Fiscalía General de la Nación, la Corte Constitucional y la Comisión Nacional de Televisión. Igualmente se dio el reconocimiento  a las jurisdicciones especiales y  la particular figura de la atribución a los particulares de funciones para administrar justicia en eventos supremamente específicos.

 

Sin embargo, uno de los mayores logros de la Constitución colombiana  de 1991, se encuentra consagrado tanto en el Preámbulo como en el primer artículo de la Constitución, al establecer como principio fundamental para el estado colombiano el pluralismo; el cual alude al reconocimiento, respeto y protección de diversas ideologías y de las minorías étnicas, raciales y culturales que fueron surgiendo dentro del siglo XX o que ya tenían existencia, pero no tenían ningún tipo de custodia, por no ser las predominantes dentro de la sociedad colombiana.

 

Entre estas minorías, entendiendo por ellas,  aquellas organizaciones  con una forma de vida, costumbres e ideología que son ampliamente distintas a las de la mayoría de la población del país, encontramos los pueblos indígenas. Por ello, dentro de la Asamblea Nacional Constituyente hicieron parte dos representantes de las comunidades indígenas, en aras de que la nueva Constitución contuviera dentro de sus disposiciones el reconocimiento a los pueblos indígenas y le atribuyera amplio reconocimiento jurídico y efectiva protección. Como parte de las prerrogativas que la Carta Política otorgó a este grupo minorías encontramos la autonomía administrativa, jerárquica y judicial.  Como contraprestación se dan una serie de deberes, sobre todo en materia electoral y de organización territorial, además de los deberes generales para todo ciudadano colombiano.

 

A pesar de la consagración de dichos postulados, y por su condición de ser novedosos, surgieron dificultades tanto en su interpretación como en su aplicación. Uno de los puntos controversiales que ha surgido dentro de este ámbito de las organizaciones indígenas, y que ha sido tratado por la doctrina y jurisprudencia nacional,  ha sido al alcance de los efectos de las decisiones judiciales de la jurisdicción indígena respecto a la jurisdicción ordinaria y sobretodo cuando ellas implican un choque con otros derechos que se encuentran  ampliamente protegidos en el ordenamiento jurídico colombiano. 

 

Es por todo lo anterior, que debido a lo especial, importante y escasez de tratamiento del tema, he decido abordarlo con enorme interés con el fin de mirar con profundidad los ángulos de dicha controversia, estableciendo los principales antecedentes, las fallos emitidos por la Corte Constitucional al respecto, los caminos hipotéticos que pueden presentarse a futuro y siendo un poco pretenciosa mi postura personal.   

 

Como primera medida de este escrito, en las primeras líneas pretendo abordar el tema haciendo una breve exposición de la composición y estructura de las comunidades indígenas; enfatizando en lo que respecta a su organización judicial. Para llegar a ello, es importante conocer los principales antecedentes que sobre el tema podemos encontrar, para que de forma posterior abordar el problema jurídico que desarrolla esta monografía.

 

Como segunda parte, pasaré a esbozar  los diferentes pronunciamientos jurisprudenciales más importantes que se han proferido respecto al problema jurídico de los efectos que deben tener los fallos de las autoridades judiciales indígenas frente a la justicia estatal,  y de esta forma establecer profundamente el tratamiento que se ha dado al asunto en el alto tribunal constitucional; sobre todo cuando aquellas providencias van en contra vía de la dignidad humana y derechos fundamentales.  Es por eso, que dicha parte del trabajo entrara en primera medida a estudiar brevemente el concepto  de autonomía de las comunidades indígenas que ha sido elaborado por la doctrina jurisprudencial de la Corte Constitucional y las principales implicaciones que dicha figura jurídica ha logrado tener dentro del ámbito político  y sobretodo judicial de Colombia. Consecuentemente, entraré a estudiar los principales pronunciamientos que sobre el tema de la autonomía y más específicamente en lo que respecta al tema de la jurisdicción indígena,  se han proferido dentro del seno del Tribunal Constitucional; indicando de igual forma, los límites que ella ha establecido para las decisiones de los jueces indígenas.   En último lugar plasmaré las posibles circunstancias que a futuro pueden presentarse en este tema, para concluir  con mi posicion personal.

 

Para todo lo anterior, se requiere de una amplia bibliografía de teoría de derecho constitucional enfatizada en los derechos fundamentales y de derechos de comunidades indígenas. El mayor aporte para elaborar esta importante investigación, estará dado por las sentencias de la Corte Constitucional donde se ha debatido ampliamente el tema de la autonomía de las agrupaciones indígenas, pues de ellas se obtendrán las ideas principales y secundarias que darán la carga argumentativa a este escrito. Además de lo anterior el aporte de eruditas personas versadas en el tema objeto de estudio resultara de vital importancia.

 

Solamente queda por decir, que deseo con el presente escrito dar un leve acercamiento, a toda persona próxima o no a la ciencia práctica del derecho, a uno de los problemas jurídicos más interesantes que han surgido después de la promulgación de la Constitución Política de Colombia.

 

Me queda por agradecer a aquellas personas que colaboraron de una u otra forma en este tema que me ilustraron y guiaron mis ideas para poder hacer de la mejor manera posible este escrito.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I.        JURISDICCIÓN INDÍGENA

 

 

A. Antecedentes

 

Con la aparición de la Constitución Política de Colombia de 1991, se introdujeron dentro del marco institucional y jurídico de la nación, enormes y trascendentales figuras para la vida social y jurídica de todo el pueblo colombiano. Esta nueva visión política y social plasmada dentro de la Carta Política, fue consecuencia de la existencia de diversos grupos civiles, culturales, religiosos y étnicos; los cuales componían el pueblo colombiano. Anterior a la Constitución dichos grupos no tenían la protección suficiente ni tenían para ellos un marco jurídico que reconociera y protegiera los derechos específicos que de esas organizaciones emanaban. La situación que dichos grupos poseían era altamente discriminatoria con respecto a los otros núcleos sociales de la comunidad que eran ampliamente mayoritarios. Puede atribuírsele a la Constitución de 1886 este desdén involuntario hacia aquellas minorías, consecuencia inescindible del carácter centralista y excluyente de dicho texto.  Como secuela de dichos actos “discriminatorios” contra estos grupos pluralistas; se vieron ellos en la enorme necesidad de adelantar  las acciones más convenientes y pertinentes  para que su composición y los derechos que nacieran de dichas relaciones sociales fueran reconocidos y tuvieran su adecuada protección por parte del gobierno colombiano.

 

Antes de la Asamblea Nacional Constituyente, para dichas minorías se dieron unos pequeños avances a manera legal y jurisprudencial pero sin llegar a tener un reconocimiento explícito en el texto constitucional. Sin embargo, fue la Constitución de 1991, pregonando su carácter esencialmente pluralista,  la responsable de que estas esferas de índole civil, cultural, religioso y

 

étnico fueran reconocidas, se les otorgara autonomía  y se les protegieran de la forma mas apropiada sus derechos.

 

Dentro de esas minorías étnicas podemos encontrar los pueblos indígenas, los afrocolombianos (representan un 18% del pueblo colombiano) y los raizales (aquellas comunidades de habla inglesa asentados mayoritariamente en el departamento de San Andrés y Providencia y descendientes de colonos ingleses). Igualmente, poseen reconocimiento jurídico y administrativo por parte de Planeación Nacional los pueblos mestizos (no en sentido étnico) y el movimiento internacional de origen rumánico conocidos como los pueblos gitanos.  

 

Uno de aquellos importantes reconocimientos, fue el de la diversidad cultural, específicamente  para los pueblos indígenas, ya que a pesar de su enorme tradición histórica  y su importante valor cultural aportado a la nación; no gozaban de un cuadro legal que les permitiera actuar de manera más autónoma. La primera luz jurídica que tuvieron dichos pueblos autóctonos fue la Convención 169 de 1989 sobre Pueblos Indígenas, concentrada en ley 21 de 1991; norma expedida en vísperas del Quinto Centenario del descubrimiento del continente americano. El anterior texto  tuvo profundas implicaciones dentro de la constitución de 1991, debido a que fue una herramienta inspiradora para 22 artículos de la Carta Magna colombiana que tratan sobre los pueblos indígenas, rompiendo de esta forma la teoría  de los Estados Nacionales, la cual propendía  por una especie de homogenización cultural, y por el contrario la teoría imperante posterior a la redacción de la Constitución de 1991 fue la del multiculturalismo, basado en el reconocimiento a la diferencia cultural y su orden consuetudinario.

 

Otra de los impulsos o fuentes que fueron altamente incidentes para el reconocimiento constitucional de las comunidades indígenas, fue el peso político importante que ellas tenían, muchísimo más que su representación geográfica. Podemos ver como las comunidades indígenas representan en la actualidad un 2% de la totalidad de la población colombiana es decir  alrededor de unos 800.000 indígenas; lo cual en términos electorales resulta ser un brazo político considerablemente fuerte y además de ello se encuentran asentados en un 25% del territorio nacional, representados en 250.000 km2.

Finalmente es importante establecer, que dichos pueblos indígenas han sido caracterizados por diversos ítems,  porque dentro de su discurso político se encuentra evocado una actitud contestataria, basado en líneas que propagan un modelo de sociedad alternativa y autónoma en contraposición a la sociedad dominante. Igualmente, poseen ideas donde la tendencia comunitarista sobre la individualista se sobrepone, donde los derechos colectivos priman sobre las libertades individuales armonizadas por los derechos fundamentales. Otra de las características esenciales del discurso de aquellas comunidades se encuentra reflejada en la idea arraigada que tienen del desarrollo sostenible, es decir que el desenvolvimiento y evolución de su comunidad se haga dentro de  un contexto de enorme respeto  por el medio ambiente. En cuanto al derecho, estos pueblos siempre lo han visto como una expresión cultural.

 

 

B. Composición y estructura.

 

En lo que atañe a este importante punto, valga decir  que la ley no establece de manera textual los requerimientos necesarios como debe en contra organizada la jurisdicción indígena, ya que en virtud del principio de la autonomía de los pueblos indígenas, estos pueden organizarse administrativa y jurisdiccionalmente de manera libre e independiente siempre y cuando los procedimientos velen por el cumplimiento cabal del derecho fundamental del debido proceso y no desoiga las libertades fundamentales que como todo colombiano tiene dentro de un proceso judicial. El único requisito exigido para que dichos organismos de estas comunidades tenga reconocimiento jurídico, más no implica anuencia de su existencia, ya que ella deviene sin la intervención del Estado; es que dicho pueblo o comunidad indígena se encuentre eficazmente reconocido por el Ministerio de Interior.

 

Acorde con lo anterior, es complejo establecer una composición y una estructura de órganos judiciales y de procesos judiciales de las comunidades indígenas  de manera general y homogénea, debido a que esta organización varia según cada comunidad indígena de forma específica acorde con sus usos y costumbres pero sin perder de vista uno de los pilares fundamentales tales como es el derecho fundamental del debido proceso.

Sin embargo, vía Corte Constitucional, mediante sus fallos judiciales ha establecido y regulado la figura del “fuero indígena”, con la estricta finalidad de que los miembros de dichas organizaciones indígenas sean juzgados acordes con sus costumbres y dentro de un entorno que le permita sentirse seguro de su juzgamiento y donde este proceso sea conducido por un igual suyo, es aquí donde se desarrolla una de las aristas del debido proceso, el cual se conoce en el ámbito jurídico como “el juez par”.  Por ende, el Tribunal Constitucional colombiano, dentro de la sentencia T-496 de 1996, señaló aquellos elementos  que configuran la institución del fuero indígena y donde en primera instancia encontramos el elemento personal consistente en que “el individuo debe ser juzgado de acuerdo con las normas y las autoridades de su propia comunidad.”[1]   Por otra parte, se encuentra el elemento territorial el cual hace alusión a que “las autoridades indígenas pueden juzgar las conductas que tengan ocurrencia dentro de su territorio, de acuerdo con sus propias normas”[2].  De esta manera vemos como las comunidades indígenas pueden organizar sus órganos judiciales basados en esos dos elementos anteriormente descritos. Sobre el mismo punto el fallo T-254 de1994 enuncia que “La Constitución autoriza a las autoridades de los pueblos indígenas el ejercicio de funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre y cuando no sean contrarios a la constitución y a la ley. No obstante, el reconocimiento de la existencia de una comunidad indígena con sus propias autoridades, normas y procedimientos por parte de los juzgadores de tutela, exigía dar un tratamiento jurídico a la situación planteada por el petente desde la perspectiva del derecho constitucional y no según el régimen de comunidad civil dispuesto para regular las relaciones entre comuneros”[3].

Podría presentarse un problema,  cuando un miembro de alguna comunidad indígena comete alguna acción ilícita fuera dentro de su ámbito territorial y es allí donde señala la corte algunos criterios de interpretación que permitan atender satisfactoriamente este problema; dichos criterios son: “En primer lugar la conducta del indígena sólo es sancionada por el ordenamiento jurídico nacional, en principio, los jueces penales son los competentes para conocer el caso; sin embargo, éstos deberán determinar si el sujeto agresor entendía, al momento de cometer el ilícito que su conducta era realmente negativa, para efectos de reconocerle, o no, el derecho al fuero”[4] 

 

El segundo criterio de interpretación que debe tomarse en cuenta para la solución de este conflicto  es mirar “si la conducta se encuentra sancionada en ambos ordenamientos, el juez penal deberá tomar en cuenta la conciencia étnica del sujeto y el grado de aislamiento de la cultura a la que pertenece, para determinar si es conveniente que el indígena sea juzgado y sancionado de acuerdo con el sistema jurídico nacional, o si debe ser devuelto a su comunidad para que sea juzgado por sus propias autoridades, de acuerdo a sus normas y procedimientos”[5].

Así de este modo, vemos como la jurisdicción especial indígena no posee una organización estrictamente enunciada en un cuerpo normativo sino que va a depender de la tradición y necesidad de cada uno de estos pueblos  pero sin desatender el elemento personal y territorial del fuero indígena.

 

 

II. JURISPRUDENCIA SOBRE AUTONOMIA DE LA JURISIDICCIÓN INDÍGENA

 

A. Autonomía de las comunidades indígenas

 

Es de vital preponderancia esbozar el tema de la autonomía de las comunidades indígenas y por ende las eventuales incidencias que dicha figura juega dentro de las decisiones judiciales de los diversos órganos jurídicos encargados de administrar justicia dentro de dichas colectividades sin dar por entendido que la institución de la  autonomía solamente se encuentra radicada con el fin de ser ejercida en ámbitos jurisdiccionales.

 

La figura de la autonomía tiene como principal cómplice de su origen, el reconocimiento constitucional en 1991 de la institución de la descentralización administrativa de las entidades territoriales, sin perder de vista la unidad de Estado. Esta autonomía puede entenderse como aquella facultad de manejar y decidir sobre los asuntos propios sin la intervención de terceros y respetando limites fundamentales que lleguen a transgredir la ley, la Constitución y la órbita de los derechos de los demás.

 

Acorde con lo anteriormente expresado, se ve como los artículos 286 y 287  de la Constitución Política de Colombia de 1991, consagra que aquellos territorios indígenas reconocidos por el Estado se ubican dentro de la categoría de ser una entidad territorial y de conformidad con el postulado del artículo 287, dichas entidades territoriales “(...) gozan de autonomía para la gestión de sus intereses (...)”[6], siempre y cuando sus decisiones no vayan en contravía de la ley y la Constitución. Las entidades territoriales, y por ende, las comunidades indígenas dentro de sus territorios cabalmente identificados y reconocidos por el gobierno nacional, se encuentra en la capacidad y están facultados para gobernarse mediante sus propias autoridades y ejercer las competencias que les sean asignados de conformidad con la naturaleza del cargo. De igual forma se encuentra habilitados los entes territoriales tienen una función fiscal, que consiste en administrar sus recursos; una función tributaria o impositiva, la cual consiste en establecer los tributos requeridos para el cumplimiento recto de sus funciones. Finalmente tienen la posibilidad de participar de las rentas nacionales.

 

La ordenación de estas entidades territoriales indígenas, acorde con  el artículo 329 de la Constitución Nacional, estará reglamentada mediante una ley orgánica de ordenamiento territorial realizada por el gobierno nacional. El mismo artículo establece otras reglas para su conformación que para el caso resultan ser irrelevantes. La parte administrativa de estas comunidades, estará a cargo por unos consejos que afín a los usos y tradiciones de estos pueblos serán conformados donde ejercerán entre otras funciones la de velar por el estricto cumplimiento de las normas legales sobre el uso del suelo, proteger los recursos naturales, representar a los territorios ante el gobierno nacional y las demás que se encuentren consagradas en el artículo 330 de la Constitución colombiana y las que posteriormente señale la ley.

En lo referente al tema objeto de estudio, el artículo 246 de la Carta Política alude a la autonomía judicial de las comunidades indígenas, poniendo condicionamientos tales como que dicha función pública debe ser ejercida dentro de su campo territorial acorde con las normas y procedimientos que ellos mismos se hayan dado y que estos usos o costumbres no vayan en contravía de la ley en sentido general. La anterior idea permite afirmar, que el mismo artículo infiere la autonomía legislativa que se le has sido concedida a este tipo de organizaciones, respetando mínimos fundamentales anteriormente mencionados. Este último ámbito de la autonomía, concedida a los pueblos indígenas, no se vislumbra en un compilado de textos y/o escritos de manera extensa y superproductiva, debido a que las principales normas y ordenes de conducta que rige el comportamiento de sus integrantes, se ha elaborado de manera histórica por medio de la tradición oral (de manera mayoritaria) donde los usos y las costumbres han sido la principal fuente legislativa de estas agrupaciones. 

 

De lo anteriormente expuesto se deducen dos puntos importantes en torno al tema de la autonomía : El primero corresponde a que la “la autonomía política y jurídica reconocida a las comunidades indígenas debe ejercerse dentro de los estrictos parámetros señalados por el mismo texto constitucional: De conformidad con sus usos y costumbres, siempre y cuando no sean contrarios a la Constitución y a la ley(...) deforma que asegure la unidad nacional”[7]; de esta forma puede vislumbrarse que dichas facultades otorgadas a las comunidades indígenas, encuentra supeditado su ejercicio a los límites que anteriormente en la cita se señalaron. En segunda instancia “la jurisdicción especial indígena es una manifestación de la autonomía jurídica y política reconocida a las comunidades indígenas en la Constitución Política (arts. 246 y 330 C.P.)”[8]. 

Uno de los puntos que cobran suma importancia en este estado de la exposición es el argumento esbozado por la Corte Constitucional, el cual establece que las leyes imperativas deben prevalecer “sobre los usos y costumbres siempre que protejan directamente un valor constitucional superior al principio de diversidad étnica y cultural” (subrayado fuera de texto)[9]. Es decir se establece un evento excepcional discriminatorio contra el principio de diversidad multicultural cuando por encima de este se pretende proteger un principio de mayor jerarquía como es el de la supremacía de la Constitución y las leyes.

 

Finalmente, solo queda por decir que dicho reconocimiento de las facultades anteriormente anotadas, son la respuesta a la necesidad histórica de un grupo minoritario que exigía a gritos la atención del Estado y que luego de haber suplido esa demanda, les fueron impuestos una serie de exigencias limitantes de sus acciones, ya que el ejercicio de toda actividad pública exige la presencia de fronteras que permita el eficaz y eficiente desarrollo de ese accionar en aras de la búsqueda del bienestar social de la comunidad. 

 

  

B. Principales pronunciamientos de la Corte Constitucional

 

La Corte Constitucional por medio de sus tres tipos de sentencia; de tutela, de constitucionalidad y de unificación, se ha pronunciado ampliamente sobre la autonomía en las comunidades indígenas y especialmente en cuanto a la autonomía jurisdiccional de ellas. Desde la creación del Tribunal Constitucional en 1991 y que entro en funcionamiento desde 1992 como órgano independiente (antes de la Constitución de 1991, era una sala especializada de la Corte Suprema de Justicia), ésta ha proferido diversos fallos que han ideado y defendido de manera exacerbada las garantías individuales y derechos fundamentales de toda la población colombiana y en especial de las minorías y las personas que por estado físico o psicológico se encuentran en condiciones de inferioridad. Como guardiana de la Constitución, a la Corte se le ha encomendado el trascendental papel de la defensa de la supremacía de la Carta Constitucional con el fin de buscar la armonización de los derechos individuales y establecer un orden justo dentro de la comunidad con la consecuente exploración por el bien común; fin esencial de todas las instituciones políticas de una sociedad. 

 

Estos pronunciamientos,  han versado principalmente sobre los postulados fundantes (principios y valores) en los que se encuentra  soportado la institución de la autonomía de las comunidades indígenas; de igual manera la Corte se ha encargado de establecer los principales límites a los que se encuentra sometida dicha autonomía y en especial lo atinente a los límites que deben observar las autoridades judiciales indígenas cuando profieren los fallos dentro de sus respectivas comunidades.  Las sentencias constitucionales han determinado los eventos en que dichas autoridades indígenas pueden entrar a funcionar como organismos jurisdiccionales, y de igual forma su ámbito de territorialidad, como a quienes puede juzgar  y las conductas por las cuales puede condenar, siempre teniendo como punto de referencia de respeto sus usos y costumbres.

 

 

C. Limites a la Jurisdicción Indígena

 

A lo largo de la vida jurisprudencial que ha desarrollado la Corte Constitucional sobre las comunidades indígenas, existe una variedad considerable de fallos de este tribunal que ha tocado diversos puntos jurídicos en lo concerniente a la organización de estas comunidades, pero para el objeto de estudio de esta monografía, esbozaré las principales ideas que ha establecido la Corte como principales límites o mínimos que deben respetar las autoridades judiciales indígenas en ejercicio de la función pública de administrar justicia, con la vital finalidad de no irrespetar los postulados fundamentales de la Constitución Nacional.

 

Para comenzar esta tarea, es elemental buscar en los antecedentes de la Corte, la primera sentencia que haya hecho referencia sobre el punto en consideración, y se encuentra que la sentencia T-254 de 1994, es el primer fallo del que se tiene conocimiento donde se ha tratado sobre los límites a la jurisdicción indígena. Con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, la sentencia estableció como primera medida que “La autonomía política y jurídica reconocida a las comunidades indígenas por el constituyente, por su parte, debe ejercerse dentro de los estrictos parámetros señalados por el mismo texto constitucional: de conformidad con sus usos y costumbres, siempre y cuando no sean contrarios a la Constitución y a la ley, de forma que se asegure la unidad nacional.”[10] Posteriormente, como desarrollo de esta primera idea el Tribunal constitucional enunció que: “La atribución constitucional de ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial,  reconocida a las autoridades indígenas, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, está supeditada a la condición de que éstos y aquellas no sean contrarios a la Constitución y a la ley. Las diferencias conceptuales y los conflictos valorativos que puedan presentarse en la aplicación práctica de órdenes jurídicos diversos, deben ser superados respetando mínimamente las siguientes reglas de interpretación: 1. A mayor conservación de sus usos y costumbres, mayor autonomía. 2. Los derechos fundamentales constitucionales constituyen el mínimo obligatorio de convivencia para todos los particulares. 3. Las normas legales imperativas (de orden público) de la República priman sobre los usos y costumbres de las comunidades indígenas, siempre y cuando protejan directamente un valor constitucional superior al principio de diversidad étnica y cultural. 4. Los usos y costumbres de una comunidad indígena priman sobre las normas legales dispositivas” (subrayado fuera de texto)[11].  De la anterior cita, podemos ver como se ha establecido las autoridades jurisdiccionales de los pueblos indígenas, que su función sea desarrollado dentro de un marco de amplio respeto por los derechos fundamentales y donde las ley imperativa (es decir aquella ley que no admite ser interpretada a merced de la voluntad de las partes de manera indiscriminada por ser de orden público) solo prima cuando esta pretende velar por un principio mayor al de la diversidad étnica y cultural; como consecuencia de ello la ley dispositiva (a contrario sensu de la ley imperativa, permite que ella sea modificada por la voluntad de las partes) se encuentra en un rango inferior a los usos y costumbres de las comunidades indígenas. Sin embargo es importante aclarar que dicho límite anteriormente esbozado haya sido obra intelectual exclusiva de la Corte, sino que por el contrario con mucha anterioridad, el Convenio 169 de la OIT dentro de el numeral 2 del artículo 8 estableció “el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos”[12]. 

 

La misma sentencia ha establecido que las autoridades indígenas al sancionar, tienen dentro de sus límites el respeto por el derecho fundamental al debido proceso otorgándole un juicio legal plausible con todas las garantías, juzgados por un tribunal previamente constituido, con los procedimientos de acuerdo a sus usos y costumbres  y donde las sanciones no sean desproporcionadas y no trasciendan a la persona del infractor. Como en toda actuación judicial y administrativa las autoridades se encuentran sometidas a respetar este principio fundamental.

 

La sentencia T-349 de 1996, ha enunciado que los límites impuestos a estas autoridades deben propender por buscar “la maximización de la autonomía de las comunidades indígenas y, por lo tanto, la de minimización de las restricciones a las indispensables para salvaguardar intereses de superior jerarquía”[13].   Es decir que toda limitación impuesta a la autonomía de las autoridades judiciales indígenas debe encontrarse justificada amplia y constitucionalmente, de tal forma que dicha regla de excepción pretenda proteger un interés mayor al que genera el principio de diversidad étnica y cultural, por ello “la Corporación señaló que este núcleo de derechos intangibles incluirá solamente el derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud y la prohibición de la tortura”[14]. De igual forma, la sentencia anteriormente referencia  considera que son “admisibles las restricciones a la autonomía (...) cuando se cumplan las siguientes condiciones: a. Que se trate de una medida necesaria para salvaguardar un interés de superior jerarquía(...) b. Que se trate de la medida menos gravosa para la autonomía que se les reconoce a las comunidades étnicas”[15].

 

Por otra parte, a través de medios audiovisuales se han presentado imágenes donde se logra ver como miembros de una comunidad indígena han castigado a uno de sus miembros por infringir sus leyes autóctonas, mediante la agresión física con un cepo[16] y en este caso la Corte Constitucional manifestó que dicho castigo “no vulnera la integridad física del accionante, pues se trata de una forma de pena corporal que hace parte de su tradición y que la misma comunidad considera valiosa por su alto grado intimidatorio y su corta duración”[17].  Sobre este tema de las sanciones corporales, si estas configuran un trato inhumano y degradante la Corte dictaminó al respecto que “estima que el sufrimiento que esta pena podría causar al actor no reviste los niveles de gravedad requeridos para que pueda considerarse como tortura, pues el daño corporal que produce es mínimo. Tampoco podría considerarse como una pena degradante que humille al individuo groseramente delante de otro o en su mismo fuero interno, porque de acuerdo con los elementos del caso, esta es una práctica que se utiliza normalmente por los paeces y cuyo fin no es exponer al individuo al escarmiento público, sino buscar que recupere su lugar en la comunidad”[18].   

 

Adicionalmente a las limitantes que se han plasmado a lo largo de esta monografía, resulta interesante ver que además de ellas existen restricciones internas que son colocadas por las mismas autoridades indígenas y que buscan “proteger al grupo del impacto desestabilizador del disenso interno”[19].

 

Otro de los puntos de enorme relevancia, sucede cuando se encuentran en colisión dos intereses colectivos, y es así  como en la sentencia T-405 de 1993 la Corporación constitucional determinó que “en caso de conflicto entre el interés general y otro interés protegido constitucionalmente, la solución debe ser encontrada de acuerdo con los elementos jurídicos que proporcione el caso concreto y a la luz de los principios y valores constitucionales. Esta labor de interpretación es función primordial del juez y en especial de la Corte Constitucional”[20]. Continua el Tribunal enunciando que “si bien se trata de dos intereses colectivos, es evidente que desde el punto de vista del derecho en el que se funda cada interés, las pretensiones del Estado colombiano poseen un mayor peso que las de la Comunidad Indígena del Medio Amazonas, sin desconocer en ningún momento la importancia de sus intereses. Mientras que su interés se funda en el derecho de propiedad y al mantenimiento de su integridad étnica y cultural, el interés de todo el pueblo colombiano y en concreto del Estado está respaldado y fundamentado en el derecho a la soberanía nacional y en la necesaria conservación del orden público y la garantía fundamental de la seguridad de los habitantes del territorio colombiano en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades”[21].

 

En sentencia constitucional de unificación, de referencia SU- 510 de 1998, se planteo un problema jurídico entre derechos individuales y derechos colectivos, en donde se encontraban en conflicto el derecho de libertad de cultos con el derecho colectivo  la integridad e identidad cultural, y donde la Corte se planteó el siguiente problema jurídico: ¿las autoridades tradicionales de una comunidad indígena pueden limitar el ejercicio de libertad de cultos de miembros pertenecientes a ella, en aras de preservar la integridad e identidad de su cultura?. La Corte Constitucional al respecto determinó que “En el presente caso quedó demostrado que los dogmas y prácticas religiosas de los indígenas (...) contradicen elementos centrales de la cosmovisión (...) Adicionalmente, se probó que tal contradicción compromete seriamente (1) la organización político – religiosa de la comunidad; (2) la obediencia y respeto a las autoridades tradicionales y (3) el acatamiento de normas tradicionales (...) En este sentido puede afirmarse que el ejercicio de la libertad religiosa (...) amenaza gravemente el derecho fundamental a la integridad cultural de la población”[22]. Prosiguió la Corporación diciendo que “en el caso presente, la actuación de las autoridades indígenas se relaciona directamente con el corazón de las creencias que conforman la cosmovisión (...) y en virtud de las cuales adquieren y reproducen constantemente su identidad como pueblo diferenciado. Esperar de las autoridades indígenas un comportamiento diverso, sería obligarlos a renunciar a sus creencias más firmes y arraigadas, puesto que en ellas descansa su identidad y, por consiguiente, sus rasgos distintivos etnoculturales”[23]. La Corte terminó amparando y privilegiando los derechos fundamentales a la integridad cultural de la comunidad indígena sobre la libertad de cultos, como consecuencia de que estas autoridades están embestidas y facultades para proponer los límites que ellos consideren convenientes con el fin de preservar su legado cultural. 

 

 

D. Proyecciones sobre el problema

 

La Constitución Política de 1991, al crear una nueva jurisdicción especial, como lo es la indígena, dio lugar al nacimiento de una serie de inquietudes de índole jurídico a nivel práctico y teórico que han despertado el interés a nivel doctrinal y jurisprudencial, con el objetivo de subsanar estos cuestionamientos y de esta forma puedan dar una visible luz que permita a esta nueva jurisdicción y a su entorno, poder obtener una eficaz complementariedad y adecuación al sistema jurídico nacional.

 

Establece el artículo 246 de la C.P., que el Congreso de la República deberá expedir una ley donde se implanten las formas de coordinación entre la jurisdicción especial indígena con el sistema judicial nacional; ley que hasta el día de hoy no ha sido objeto de atención por parte del Congreso de la República.  A pesar de esta inconveniente omisión, la Corte Constitucional mediante sus fallos ha logrado de una u otra forma suplir este vacío y colocar algunas directrices que permita que el ejercicio de esta función por parte de las autoridades judiciales indígenas se adecuen a las disposiciones de la Carta Fundamental colombiana. De conformidad con lo anterior, la ley estatutaria 270 de 1996 dentro de su articulado, específicamente en el articulo 112 enuncia que los conflictos de competencia que se presenten entre las distintas jurisdicciones en el territorio nacional deberán se resueltos por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la cual congruentemente con la jurisprudencia de la Corte, deberá verificar si en el caso que se esté juzgando, se cumplen los requisitos necesarios para que se configure la institución del fuero indígena (elemento personal y territorial) y de esta manera si los elementos aparecen deberá anularse todo lo actuado dentro de la justicia ordinaria y remitir todo el elemento probatorio y el miembro de la comunidad indígena a su jurisdicción especial y de esta manera ser juzgado por su juez par. Por el contrario, si el incidente de conflicto de competencia no encuentra la concurrencia de uno o de los dos elementos, deberá confirmarse lo actuado dentro de la justicia ordinaria. Por ello en sentencia T-728 de 2002 la Corte estableció que “La segunda alternativa de decisión para el juez constitucional consiste en verificar directamente si, en cada caso concreto, concurren o no los requisitos del fuero indígena. En caso que ellos no se cumplan, se confirmarán las decisiones proferidas por los jueces penales ordinarios. Por el contrario, si concurren los elementos del fuero indígena, se tutelarán los derechos fundamentales al debido proceso y a la autonomía indígena, se anulará todo lo actuado por la jurisdicción penal ordinaria y se ordenará la entrega del indígena y de las pruebas obrantes en el expediente, para que sea juzgado de acuerdo con las normas y procedimientos de su comunidad”[24].  Y más adelante continua diciendo “Téngase en cuenta además que el conflicto es un asunto de carácter procesal, que debe ser resuelto durante el desarrollo del proceso y que lo hace improcedente cuando opera el fenómeno de la cosa juzgada frente a las decisiones que pusieron fin al respectivo proceso. Contra estas sería oponible la vulneración del debido proceso, con fundamento en la vía de hecho, mas no la solicitud para que se resuelva el conflicto de competencias, pues, en este estado del proceso, el Consejo Superior de la Judicatura no dispondría de competencia para dirimir el conflicto”[25].   

 

 

 

 

 

E. Postura personal

 

Después de haber expuesto las principales ideas que la Corte Constitucional ha plasmado sobre la autonomía de las autoridades judiciales indígenas, es importante resumir que dicho Tribunal ha ejercido una labor extremadamente prolífica por el respeto por el pluralismo étnico y cultural por medio de sus fallos jurisprudenciales. La tarea desplegada por la Corte, ha sido consecuencia de la omisión por parte del Congreso de la República al no estudiar, discutir y expedir una ley de coordinación entre el sistema judicial nacional y la jurisdicción especial indígena; por ello en mi parecer resulta de vital interés que el Congreso Nacional destine sus esfuerzos para que mediante dicha ley, se establezcan los parámetros necesarios para que la labor de administrar justicia por parte de estas dos jurisdicciones no se vea enfrentada de manera frecuente a problemas que tiendan a ser resueltos por alguna autoridad sino que por el contrario sea un cuerpo normativo el que ordene y adecue las actividades de las jurisdicciones en aras de respetar el derecho fundamental del debido proceso de todo miembro de la nación.

 

A pesar de la anterior consideración, los lineamientos y/o restricciones jurisprudenciales que ha implementado el Tribunal constitucional han sido de enorme ayuda a que las diferencias entre las jurisdicciones hayan devenido en una ordenada complementariedad respetando la organización de cada una de ellas. Los pronunciamientos de la Corte han sido acordes con el espíritu pluralista de la Constitución, y ha buscado una  protección mayoritaria y respeto preferencial por las minorías étnicas y donde solamente ha preferido proteger otros derechos y principios cuando realmente resulta justificable, por tener un valor mayor que la diversidad cultural.              

 

 

 

 

 

 

 

 


BIBLIOGRAFÍA

 

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NARANJO MESA, VLADIMIRO. Teoría constitucional e instituciones políticas. Editorial Temis. 9a ed. Bogotá. 2003.

 

OLANO GARCÍA, HERNÁN ALEJANDRO. Constitución política de Colombia : comentada y concordada e historia constitucional colombiana. Ediciones Librería Doctrina y Ley. 5a ed. Santafé de Bogotá. 2000.

 

SOLANO GONZÁLEZ, EDGAR. La Jurisdicción Especial Indígena ante la Corte Constitucional (Monografía para optar  por el título de Magíster). Universidad Externado de Colombia

1ª ed. Bogotá. 2003.

 

SOLANO GONZÁLEZ, EDGAR. Anuario de Derecho Constitucional (Análisis de la Jurisprudencia de la Corte Constitucional. Período 2002 y primer semestre de 2003).  Panamericana, Formas e Impresos S.A. 1ª ed. Bogotá. 2004.

 

[1]CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. Sentencia T-496 de 1996. Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz. 26 de Septiembre de 1996.

 

[2] Ibidem. 

 

[3]CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. Sentencia T-254 de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. 30 de Mayo de 2004.

 

[4] Ibidem.

 

[5] Ibidem.

[6] GÓMEZ SIERRA FRANCISCO. Constitución Política de Colombia. Compilada, concordada y anotada. Editorial Leyer. Decimasexta Edición. Bogotá D.C. Colombia. 2002. pg. 143

[7] UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA. Anuario de Derecho Constitucional (Análisis de Jurisprudencia de la Corte Constitucional. Período 2202 y primer semestre de 2003). Panamericana, Formas e Impresos S.A. Primera Edición. Bogotá D.C. 2004. pg. 182

 

[8] Ibidem. pg. 183

[9] SOLANO GONZALEZ, EDGAR. La jurisdicción especial indígena ante la Corte Constitucional. Universidad Externado de Colombia. Bogotá D.C. 2003

[10] CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. Sentencia T-254 de 1994. Op. Cit.

 

[11] Ibidem.

[12] SOLANO GONZALEZ, EDGAR. Op. Cit. Pie de página pg. 28

 

[13] CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. Sentencia T-349 de 1996. Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz.

 

[14] SOLANO GONZALEZ, EDGAR. Op. Cit. Pg. 19.  Además de los anteriormente citados la sentencia también hace referencia a la legalidad de los procedimientos, de los delitos y las penas.

 

[15] CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. Sentencia T-349 de  1996. Op. Cit.

 

[16] Madero grueso y de más de medio metro de alto, en que se fijan y asientan la bigornia, yunque, tornillos y otros instrumentos de los herreros, cerrajeros y operarios de otros oficios

 

[17] SOLANO GONZALEZ, EDGAR. Op. Cit. Pg. 22

 

[18] CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. Sentencia T-523 de 1997. Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz. 15 de Octubre de 1997.

 

[19] SOLANO GONZALEZ, EDGAR. Op. Cit. Pg. 31

[20] CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. Sentencia T-405 de 1993. Magistrado Ponente: Hernando Herrera Vergara. 23 de Septiembre de 1993.

 

[21] Ibidem.

 

[22] CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. Sentencia SU-510 de 1998. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. 18 de Septiembre de 1998.

 

[23] Ibidem.

 

[24] CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. Sentencia T-728 de 2002. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño. 5 de Septiembre de 2002.

 

[25] Ibidem.

 

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