Impuestos, la economía arrastra una pesada carga de la que nada ni nadie escapa.

IMPUESTOS. En todas las sociedades occidentales hay siempre un Estado que se apodera, mediante exacciones fiscales, de una gran cantidad de las rentas que los ciudadanos producen, cantidad que en la mayoría de los países se acerca o incluso supera la mitad de todas las rentas generadas. Esa apropiación se lleva a cabo en nombre de un pretendido beneficio común, en nombre de la colectividad. Es decir, en mayor o menor medida, todos los estados occidentales son colectivistas, ya que dañan los derechos de los individuos en favor de lo que los gobernantes deciden que es más adecuado para la colectividad. Pero ¿cómo puede ser bueno para la colectividad dañar los derechos de cada uno de los individuos que la componen?

El estado, a cambio del daño producido con los impuestos, dice ofrecernos unos servicios denominados públicos. De hecho, emplean parte del dinero arrebatado a los ciudadanos para financiar una serie de GASTOS, pretendidamente beneficiosos para la sociedad. Esos gastos se fundamentan en decisiones siempre arbitrarias y sesgadas hacia los intereses o preferencias personales de quienes las toman, lo cual queda agravado como consecuencia de la propia dinámica de la negociación política; ya sabemos que un camello es un caballo hecho por un comité.

Esto no se debe a que los políticos que nos gobiernan sean malvados, poco preparados o poco inteligentes, sino a que no puede ser de otro modo. Es un defecto inherente al Estado y a todo gobierno, no a las personas concretas que lo forman. Simplemente, no pueden tener cabalmente en cuenta lo que desconocen. Tampoco pueden sustraerse a su propia naturaleza, la cual les impulsa a buscar preferentemente su propio beneficio, particularmente cuando la información de la que disponen es confusa o inexistente. Sólo pueden beneficiar realmente a quienes forman parte del sistema político/funcionarial y a las oligarquías afines al poder político, que son quienes tienen los medios para influir en sus decisiones, perjudicando así a la sociedad en su conjunto.

Los impuestos ahogan al ciudadano, quien pierde la libertad de decidir qué hacer con lo que produce y no disfruta de los gastos estatales.

Para emplear los impuestos recaudados, no hay modo alguno de que el Estado obtenga la información precisa sobre las necesidades concretas de los ciudadanos, las cuales tratará de cubrir a ciegas y con información errónea o desfasada. Tampoco hay modo de que pueda hacerse con la información concreta sobre el verdadero valor de lo que ofrece en forma de servicios, ni de los costos en los que incurre para ofrecérselos. Estas circunstancias resultan en que toda exacción fiscal se traduce inevitablemente en una pérdida irreparable de eficiencia económica.

Con frecuencia cargados de buena voluntad, los políticos pueden llevar a cabo sus tropelías gracias a que gran parte de la población los apoya, en la falsa ilusión de que ellos forman parte de los beneficiados mientras que otros, típicamente “los ricos”, son los únicos perjudicados por los impuestos. Esto es completamente falso. Quien soporta el grueso de la exacción fiscal no son los ricos, que en modo alguno podrían sostener el grueso de los gastos estatales y además tienen medios para evitarlo, sino la inmensa mayoría de la población, con particular y sangrante incidencia entre quienes obtienen rentas por debajo de la media, generalmente fruto del trabajo. Es necesario difundir los graves daños que ese colectivismo desbocado causa a la mayoría, colectivismo estatista que permite a una minoría selecta vivir de llevar a cabo actividades que, vistas objetivamente, no producen valor alguno para las personas, y por lo tanto tampoco para la sociedad en su conjunto.

Son la mayoría de los individuos productivos quienes cargan en realidad con el coste de los servicios que el Estado les suministra, es decir quienes pagan los impuestos. El sistema de exacción fiscal y suministro de servicios públicos financiados con ella, produce tremendas ineficiencias imposibles de remediar: recauda mal y suministra peor. El coste de lo que el ciudadano paga no tiene relación alguna con el valor de lo que recibe a cambio. El Estado carece de la información precisa para hacer bien lo que pretende, y además consume gran parte de esos recursos para mantenerse a sí mismo en funcionamiento. Por todo ello, para los ciudadanos y para la sociedad en su conjunto, sería mucho más barato que cada uno de los receptores de rentas se hiciera cargo personalmente de obtener y pagar los servicios correspondientes. Esto tendría además la ventaja agregada de que ellos sí conocen la información concreta que puede hacer eficaz acometer dichos gastos. En un entorno de verdadera libertad, los servicios sociales nos saldrían mucho más baratos y se facilitarían a quien realmente los necesita, de manera mucho más eficaz.

Los políticos dicen que los Impuestos afectan más a los ricos, pero quien realmente mantiene al estado son los pobres y la clase media.

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