LA IMPRUDENCIA

(TEORÍA GENERAL DEL DELITO DE FRANCISCO MUÑOZ CONDE, RESEÑA CAPÍTULO VII)

El libro titulado “teoría general del delito”, publicado en su Cuarta reimpresión de la tercera edición por la editorial Temis en 2017, fue escrito por el autor Francisco Muñoz Conde. Con 211 páginas, el libro se encuentra compuesto por 18 capítulos.

En los próximos días, se subirá una reseña por cada uno de los capítulos que abarca dicho libro. Hoy, se analizará el capítulo VII denominado "la imprudencia”.

Para mayor información, busca la reseña de los capítulos anteriores.

VII. LA IMPRUDENCIA.

Este capítulo se encuentra integrado por 5 capítulos denominados: 1. El tipo de injusto del delito imprudente, 2. La conducta típica: la lesión del deber objetivo de cuidado [A) el concepto de cuidado objetivo, B) el deber subjetivo de cuidado y C) la lesión del cuidado], 3. El resultado. La imputación objetiva, 4. La regulación de la imprudencia en el Código Penal y 5. La exclusión de la responsabilidad objetiva: el caso fortuito y el riesgo permitido.

El delito imprudente se castiga solo en los casos en los que dicha modalidad de comisión de un tipo delictivo está expresamente prevista en la ley. Se destacan dos componente del tipo injusto del delito imprudente: la acción típica imprudente y su relación con el resultado que ella ha causado.

Delitos imprudentes. En ellos, la conducta típica no está determinada con precisión en la ley que solo habla del que “por imprudencia” causare determinado resultado. Son el juez o el intérprete quienes deben establecer el contenido de la conducta imprudente. Los delitos imprudentes son tipos abiertos, en el sentido de que una característica del tipo del injusto debe ser completada por vía judicial o doctrinal. Ello no supone una lesión del principio de legalidad, ya que la propia naturaleza de las cosas impide poder describir con mayor exactitud en la ley todos los comportamientos imprudentes que se puedan dar o realizar. Lo que sí hay que hacer es un punto de referencia (deber objetivo de cuidado) con el que comprar la conducta realizada, para ver si ha sido realizada imprudentemente.

El núcleo del tipo injusto del delito imprudente consiste en la divergencia entre la conducta realmente realizada y la que debería haber sido realizada en virtud del deber de cuidado que, objetivamente, era necesario observar y que cualquier persona situada en las circunstancias del autor podía haber observado.

Concepto de cuidado objetivo. El concepto de cuidado implica un concepto objetivo y uno normativo; objetivo por cuanto no interesa para establecerlo cuál es el cuidado que en el caso concreto ha aplicado o podía aplicar el autor, sino cuál es el cuidado requerido en la vida de relación social respecto a la realización de una conducta determinada; ello supone un juicio normativo que surge de la comparación entre la conducta que hubiera seguido un hombre razonable y prudente en la situación del autor y la observada por el autor realmente.

Dos son los elementos del juicio normativo: uno intelectual, según el cual es necesaria la consideración de todas las consecuencias de la conducta que, conforme a un juicio razonable (objetivo) eran de previsible producción (previsibilidad objetiva); y otro valorativo, según el cual solo es contraria al cuidado aquella conducta que queda por debajo de la medida adecuada socialmente.

La jurisprudencia y la doctrina han elaborado una serie de criterios destinados a precisar el concepto de imprudencia; algunos de ellos (incremento del riesgo permitido, fin de protección de la norma) han sido sistematizados en la teoría de la imputación objetiva; otros funcionan como principios genéricos susceptibles de ser aplicados en el caso concreto para comprobar el nivel de diligencia requerido en dicho supuesto.

Principio de confianza. Permite que, en las actividades peligrosas en las que participan varias personas, se espere que también los demás actúen con la diligencia debida. Sin embargo, este principio no puede pretender una vigencia absoluta cuando es evidente que alguien va a defraudar esa confianza, bien de modo imprudente, bien de modo doloso; en estos casos habrá imprudencia si se es excesivamente confiado en lo que va hacer otra persona o, incluso, participación dolosa en el delito ajeno. También se suele acudir para determinar en el caso en concreto su hubo o no imprudencia a criterios tales como la adecuación social o el riesgo permitido.

Deber subjetivo de cuidado. En la imprudencia hay un tipo subjetivo que atiende a la capacidad individual, al nivel de conocimientos, previsibilidad y experiencia del sujeto. Las reglas y principios de la experiencia son abstracciones y generalizaciones que deben aplicarse a un caso concreto para valorar si hubo o no imprudencia. La inobservancia de esas reglas es ya un indicio pero nunca una prueba irrefutable de que actuó imprudentemente; pues habrá casos en los que la inobservancia de dichas reglas puede ser imprudente y en otros prudente.

La lesión del cuidado. Si de la comparación entre el deber de cuidado objetivo y la conducta concreta realizada resulta que la conducta ha quedado por debajo de lo que el cuidado objetivo exigía, se habrá lesionado este cuidado y la conducta será típica a los efectos de constituir el tipo de injusto de un delito imprudente. Si, por el contrario, la conducta realizada es conforme al cuidado requerido, no será típica; pues el derecho penal no puede obligar a nadie más allá de la observancia del cuidado que objetivamente era exigible en el caso concreto al que se encontraba en esta situación, por ello, solo la lesión del deber de cuidado convierte la conducta en conducta imprudente.

Imprudencia grave y leve. Dado que junto a la lesión del cuidado objetivamente requerido hay que tener en cuenta también la capacidad, rol específico y conocimientos especiales del sujeto que actúa, tanto para fundamentar la imprudencia, como para graduar su gravedad, debe distinguirse entre imprudencia grave y leve, según el grado de participación subjetiva del autor en el hecho y de conciencia del peligro que supone la conducta realiza. Esta gravedad mayor o menor de la imprudencia no depende de que sea una imprudencia consciente o inconsciente, pues a veces la inconsciencia refleja un grado de despreocupación y ligereza aún más grave que la imprudencia consciente.

La imputación objetiva del resultado. Las conductas imprudentes solo son castigadas por imperativo del principio de intervención mínima del derecho penal, en la medida en que producen determinados resultados. El desvalor de la acción (conducta imprudente) no es, por sí, suficiente para determinar una sanción penal, sino que es preciso, además, que se conecte con el desvalor del resultado (la producción de un resultado prohibido; sobre la distinción desvalor de la acción-desvalor del resultado).

El resultado, para ser imputado al autor de la acción imprudente, debe estar en una determinada relación con esta y ser la consecuencia lógica del peligro inherente o incrementado ilícitamente por la conducta misma. Por ello se puede decir que la conducta objetivamente imprudente (la realizada sin la diligencia debida que crea o incrementa de forma ilegítima el peligro de que un resultado se produzca) es, junto con la relación de causalidad, la base y fundamento de la imputación objetiva del resultado, que pertenece a la propia esencia de la imprudencia.

Por tanto, en los delitos imprudentes de resultado lesivo debe mediar entre la acción imprudente y el resultado lesivo, en primer lugar, una relación de causalidad, es decir, una conexión que permita imputar ya en el plano puramente causal ese resultado concreto que se ha producido al autor de la conducta imprudente realizada. En los delitos imprudentes de peligro concreto también debe haber una relación entre la conducta imprudente realizada y el peligro grave provocado, aunque este no llegue a materializarse en un resultado lesivo.

Los problemas de relación de causalidad normalmente se pueden resolver con la teoría de la adecuación; esta teoría considera adecuada una conducta para provocar un resultado cuando era previsible objetivamente que iba a provocar y el autor actuó sin la diligencia debida. La previsibilidad objetiva y la diligencia debida son, al mismo tiempo, los elementos que se emplean para determinar cuándo una conducta es imprudente. Sin embargo, no siempre que se dan estos dos elementos pueden imputarse los resultados producidos; por ello, se creó la teoría de la imputación objetiva, que perfilan la teoría de la causación adecuada y restringen el ámbito de imputación a aquello que es jurídicamente relevante.

Incremento notable en el riesgo normal. Si el resultado se ha causado por la realización de la acción imprudente, pero también se hubiese producido si el autor hubiera actuado correctamente; en este caso, la teoría de la imputación objetiva considera que el resultado puede ser imputado si se demuestra que la acción imprudente supuso un incremento notable en el riesgo normal de que el resultado se produjera; si es seguro que la conducta correctamente realizada hubiera producido también el resultado puede excluirse la imputación.

Realización del riesgo implícito en la acción imprudente. Si el resultado se ha producido por causas ajenas a la acción imprudente misma, en este caso se niega la imputación objetiva si el resultado no es consecuencia directa de la realización del riesgo implícito en la acción imprudente.

Igualmente deben ser tratados los casos en los que un tercero se aprovecha de la actuación imprudente de otro para producir dolosamente el resultado: la víctima aumenta la gravedad de la herida para cobrar una mayor indemnización, el que ha obtenido de un amigo farmacéutico un tóxico sin receta lo utiliza para matarse o matar a otro, etc. (prohibición de regreso).

Ámbito o fin de protección de la norma lesionada. Si el resultado producido por la acción imprudente cae fuera del ámbito o fin de protección de la norma lesionada, se niega la imputación objetiva porque el resultado producido no tiene nada que ver con el fin de la norma infringida (las normas que regulan la circulación de automóviles están para prevenir resultados lesivos de los participantes en el tráfico, no para prevenir la muerte de la madre de un conductor que muere de infarto al conocer la muerte de éste en un accidente).

También se puede resolver con dicho criterio los casos en los que la víctima participa voluntariamente en la acción peligrosa, pues salvo caso de incapaces, el derecho no puede extender su protección a los que voluntariamente renuncian a ella, salvo en caso de que se trate de una cooperación o inducción al suicidio o de situaciones en las que la disponibilidad viene prohibida por el propio ordenamiento jurídico o afecta a terceras personas.

Resultados producidos a largo plazo. En dichos casos se plantea, además del problema de la determinación de la causalidad entre la acción inicial y el resultado, el de la delimitación entre el daño tardío y la lesión sobrevenida (por ejemplo los casos de sida y de daños ecológicos a largo plazo, ya que aquí además de la causalidad hay que tener en cuenta otros factores (prescripción, cosa juzgada, etc.) que impiden la imputación objetiva del resultado final.

Exclusión de responsabilidad objetiva. El tipo como materia de prohibición, en su función motivadora solo puede prohibir aquellos sucesos de la vida desencadenados, dolosa o imprudentemente, por una conducta humana final. Toda producción de un resultado que no se deba, al menos, a un comportamiento imprudente debe estimarse como fortuita y excluirse, por tanto, del ámbito de lo penalmente relevante. Ni siquiera en el plano causal son imputables, de acuerdo con la teoría de la causalidad adecuada, los resultados objetivamente previsibles o que se produzcan como consecuencia de acciones realizadas con la diligencia debida. La previsibilidad objetiva y lesión de la diligencia debida, igual que los criterios del incremento del riesgo, realización del riesgo y fin de protección de la norma, son también elementos del tipo injusto del delito imprudente, de tal modo que, si no se dan, no puede hablarse de presupuestos de una responsabilidad a título de imprudencia.

La exclusión de la responsabilidad por el resultado o de la responsabilidad objetiva del ámbito del derecho penal es también una consecuencia de la función motivadora de la norma penal, que solo puede motivar a los ciudadanos para que se abstengan de realizar acciones que puedan producir resultados previsibles y evitables.

Caso fortuito y riesgo permitido. Una forma de delimitar lo fortuito de lo penalmente relevante es comprobar si la conducta realizada está dentro del ámbito del riesgo permitido. En el mundo moderno, el manejo de determinados instrumentos técnicos lleva siempre aparejado el riesgo de que se produzca alguna lesión de bienes jurídicos y, con ello, la realización del tipo injusto de un delito, por lo menos en su forma imprudente. Sin embargo, en la medida en que dichas acciones peligrosas sean necesarias para la consecución de determinados fines lícitos y beneficiosos para la comunidad social están permitidas e, incluso, pueden ser exigidas en algunos casos. Ahora bien, ello no quiere decir que las actividades peligrosas puedan ser realizadas sin ningún tipo de precauciones; precisamente porque son peligrosas deben ser realizadas con el máximo cuidado posible, extremando la diligencia debida. De ahí se desprende que, realmente, el riesgo permitido, más que causa de justificación, es causa de exclusión del tipo de injusto del delito imprudente, ya que lo que excluye la responsabilidad en estos casos no es que la actividad peligrosa esté permitida, sino que está permitida en la medida en que se realiza con la diligencia debida, es decir, sin imprudencia.

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