Fiscal es el funcionario público encargado de velar por los intereses del Estado y de la sociedad. Su labor consiste en presentar las pruebas pertinentes ante el juez para que un delito sea castigado. Al menos, en teoría, porque en ocasiones determinadas personas parecen inclinarse hacia otras partes que están involucradas dentro del proceso penal. Eso parece haberle sucedido al fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach. De tanto apasionarse con el caso de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina parece haber olvidado el papel que le atribuye el ordenamiento y quiénes son los que le pagan directamente el sueldo por desempeñarlo.

Cuando el juez Castro, a la luz de las múltiples pruebas encontradas en el proceso que se desarrolla contra Iñaki Urdangarin, decidió imputar a su esposa, la infanta Cristina, el fiscal anticorrupción montó en cólera de tal forma que su reacción causó estupor en círculos jurídicos. En un irritado recurso contra la decisión del juez, Horrach llegó a asegurar que éste había construido “un andamiaje probatorio, con una falsa apariencia de solidez, para imputar a Cristina de Borbón". Le acusaba, igualmente, de perseguir a la hermana del Rey emprendiendo “una intensa prospección para ver si se la pilla en un renuncio”. Las acusaciones resultaban muy graves, porque sin decirlo expresamente, implicaba al juez Castro en un delito de prevaricación y le acusaba de estar contaminado por la prensa y de intentar llevar a juicio a Cristina de Borbón mediante una instrucción "a la carta". Muchos pensaron entonces que Horrach había perdido su norte profesional, porque nunca se había visto que un fiscal dejara tan de lado los intereses públicos para convertirse en el mejor abogado defensor de un sospechoso.

El fiscal Horrach habla con los medios después de conocer el auto de la Audiencia Provincial

La Audiencia Provincial de Baleares descalifica la actuación del fiscal anticorrupción

Ahora, cuando se ha ventilado la resolución de todos esos recursos, la Sección Segunda de Audiencia Provincial de Baleares ha puesto en una complicada posición al fiscal. Igual que nos emplazan a esperar a que todos los "presuntos inocentes" se conviertan en culpables por un fallo judicial, debemos suponer que la Audiencia de las Islas ha dejado al fiscal-defensor en evidencia.

La Audiencia considera, nada más y nada menos, que la legitimación del fiscal anticorrupción para recurrir la decisión del juez Castro de mantener encausada a la infanta era "dudosa". Esta legitimación, según los componentes de la Sala Segunda "correspondía en exclusiva" a la defensa y, en todo caso, "podría haberse adherido a su recurso".

Es más, el tribunal considera "llamativo" que el fiscal "critique y censure la labor" de Castro y le llegara reprochar que hubiera "asumido funciones acusatorias y un papel que no le corresponde". Eso, para tres magistrados que dictan el auto es rotundamente falso. Para ellos, el juez Castro tomó una resolución "que le competía en exclusiva" y lo que le resulta "verdaderamente chocante o discutible" es que sea el fiscal quién lo recurra.

En definitiva, la Sala recrimina al fiscal la función desempeñada en este caso, dejando bien claro que "el papel que le otorga la ley consiste en limitarse a formular acusación o, simplemente, a no hacerlo, solicitando, en tal caso, el sobreseimiento que corresponda".

El juez Castro se ha encontrado con el desmesurado ataque del fiscal anticorrupción

La difícil posición del fiscal Horrach en el caso

A la vista de todos estos argumentos, ¿es razonable pensar que el fiscal debería ser apartado del caso por su manifiesta parcialidad y la asunción de competencias que no le corresponden? Seguro. ¿O que, tal vez él mismo, avergonzado o como mínimo escarmentado, se retirara? También. Pero, todos sabemos que esto no va a suceder. Como sabemos que Horrach seguirá formando parte solapadamente del equipo de abogados defensores de la infanta, al que también se ha afiliado la Abogacía del Estado.

A pesar de la pregonada contundencia contra la corrupción, lo cierto es que cuando las acusaciones alcanzan a ciertas instancias, la labor del juez en cuestión se convierte en un camino espinoso. Antes de que llegue ese momento en el que alguien sale públicamente a condenar al imputado de turno, con esas demostraciones dramáticas que hemos visto estos días, el magistrado se ha encontrado con todo tipo de obstáculos. De las más altas instituciones, de los compañeros de partido, de la prensa afín y hasta del fiscal y la Abogacía del Estado. Es algo habitual en los países carcomidos por la corrupción. En algunos, como en Italia, incluso han llegado a matar a alguno. Aquí, de momento, no han llegado a tanto. Ya es algo.

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