Caracas, 03 de Octubre de 2009

INTRODUCCIÓN 
 

        El uso de energía ha sido siempre el elemento fundamental y critico para toda actividad humana y el acceso a la energía es la base para el desarrollo social y económico de las sociedades (con todos los propósitos e intenciones que esto conlleva, por ejemplo la reducción de la pobreza, la mejora de la calidad de vida, etc.), sin embargo en el mundo actual, ese acceso a la energía no ha sido equitativo o justamente distribuido. El acceso limitado a fuentes de energía regulares y la penosa dependencia de fuentes tradicionales poco confiables y sucias, son la marca de la pobreza en los países en desarrollo. En la actualidad, 1.6 billones de personas no tienen acceso a electricidad y 2.4 billones de personas se abastecen de una fuente tradicional conocida como “biomasa” (producto del desecho de la madera, residuos agrícolas o vegetación e incluso hasta estiércol) para cocinar u obtener calefacción.

        Un acceso confiable a fuentes de energía sostenibles es necesario para iniciar el crecimiento económico y garantizar además el derecho que tienen todas las personas -no sólo las más favorecidas en los países desarrollados- al uso y beneficio de la energía como derecho fundamental; eventualmente esto propiciará la oportunidad en zonas del mundo como África o el Caribe de obtener ingresos a través de nuevas actividades, que sólo se logrará mediante una verdadera voluntad política de los países que poseen los recursos para hacerlo. Hogares, escuelas y centros de salud necesitan adecuados servicios de energía para su iluminación, abastecimiento de agua, calefacción o refrigeración y comunicaciones, por lo que son muy necesarios mejores y más confiables servicios públicos con miras a una mayor conciencia social; por ejemplo, cambiar el tipo de combustible que usan las mujeres en África para sus cocinas, probablemente incidiría en el inicio del fin de la explotación de las mujeres y niños en la recolección de madera, disminuyendo su carga de trabajo diario y reduciría además su exposición a los contaminantes que se producen dentro de sus casas por esta actividad de quema de desechos. 

        El reconocer la importancia de mejorar el acceso a la energía en los países pobres de África, el Caribe o el Pacífico y en respuesta a estas necesidades, la Unión Europea promovió la Iniciativa sobre Energía para la Erradicación de la Pobreza y el Desarrollo Sostenible (EUEI por sus iniciales en Ingles), en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable llevada a cabo en Septiembre de 2002 en Johannesburgo-África. El objetivo de la EUEI es contribuir al desarrollo de la Declaración de las Metas del Milenio de Naciones Unidas (en particular la erradicación de la pobreza) a través de proyectos para el adecuado y sostenible acceso a la energía por parte de los pobres. Con el compromiso conjunto de los estados miembros y de la Comisión Europea, a través de esta iniciativa lo que se propone es trabajar con los países en desarrollo en la creación de las condiciones necesarias de un verdadero sector energético, para que de esta forma los pobres puedan lograr sus objetivos económicos, sociales y ambientales, específicamente se busca apoyar el uso eficiente de la energía, incluyendo el uso más racional de las fuentes de combustible fósil, de la tradicional biomasa y por supuesto estimular el uso de la energía renovable.

        El propósito del presente trabajo es reseñar muy someramente cómo esta iniciativa intentará cumplir su meta respondiendo a los requerimientos de los países africanos y caribeños y en el proceso comparar con los temas vistos en clases, específicamente la juridificación y judicialización de estos “nuevos” derechos y de cómo la globalización da forma a estos asuntos mediante un proyecto de “constitucionalismo cosmopolita”.

 

 

LA ENERGÍA Y LOS RETOS PARA COMBATIR LA POBREZA

Fondo para la energía destinado a los países de África, el Caribe y el Pacifico (ACP) 
 

        Si bien es cierto que los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) representan más del 70 % del consumo energético mundial; estos han reducido su vulnerabilidad ante las crisis energéticas, por el contrario, los países en desarrollo están cada vez más expuestos. Por lo general, dependen en mayor medida de las importaciones de petróleo y consumen el doble de petróleo por unidad de producción económica que un país desarrollado, además las fluctuaciones de los precios de la energía inciden de manera más negativa en sus economías debido a la fragilidad de su situación financiera. En la mayor parte de las ocasiones, el acceso a servicios energéticos modernos está limitado a los centros urbanos e industriales. El acceso reducido a servicios energéticos fiables y de buena calidad obstaculiza perniciosamente el desarrollo económico y social de la población pobre, principalmente en África, la región del Caribe y las islas del Pacifico. Además, la contaminación atmosférica generada por las fuentes de energía tradicionales y las condiciones deficientes de las instalaciones energéticas modernas en esos países minan la salud, sobre todo de la población pobre. 

        En la actualidad, casi dos billones de personas en el mundo (asentadas principalmente en las zonas rurales y suburbanas de los países en desarrollo) no tienen acceso a servicios modernos de energía. El África subsahariana es un ejemplo dramático de la desigualdad en el ámbito de la energía, con más del 80% de la población que tiene acceso limitado a las formas modernas de energía. El desarrollo social y económico de las comunidades pobres es limitado o incluso bloqueado, por el insostenible uso actual de la madera y otras formas de biomasa con fines energéticos, por encima del difícil y costoso acceso a otras formas de energía, como la electricidad y combustibles líquidos.

        El acceso a servicios energéticos adecuados, asequibles y sostenibles resulta necesario para alcanzar la mayoría de los objetivos de desarrollo, por ejemplo en el ámbito de la sanidad, la educación, el alumbrado, la calefacción, el transporte, la agricultura, la producción industrial y los medios modernos de comunicación. La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible reconoció esta relación en el plan de aplicación de Johannesburgo en 2002, al establecer la vinculación entre el acceso a la energía y los Objetivos de Desarrollo del Milenio y destacar que el acceso a la energía facilita la erradicación de la pobreza, por lo tanto garantizar el acceso a los servicios energéticos es un reto complejo, cuya resolución no se puede confiar únicamente a las fuerzas del mercado. Se precisa una actuación concertada del sector público. Además, las partes interesadas son muy numerosas y diversas, de las comunidades pobres a los gobiernos locales y nacionales, las empresas multinacionales, las fuentes de energía y las opciones de tecnología, que difieren según los lugares donde van a estar ubicadas, etc. No existe una “receta única” para el suministro de servicios de energía. (1) 
 

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1. Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativa al desarrollo futuro de la Iniciativa de la Unión Europea en el ámbito de la energía y a las modalidades de creación de un Fondo para la Energía en favor de los países ACP, Bruselas 26 de Octubre de 2004. Texto completo pulse AQUÍ.

 

        Como respuesta a estos planteamientos, la Unión Europea propuso la Iniciativa sobre Energía para la Erradicación de la Pobreza y el Desarrollo Sostenible (IEUE) como un compromiso para dar prioridad a la energía en el rol de mitigar la pobreza. La iniciativa ha aumentado la conciencia política en las personas que toman las decisiones a alto nivel, ha estimulado la coherencia y la sinergia de las actividades relacionadas con el uso eficiente de la energía y esta atrayendo nuevos recursos (capital, tecnología y recursos humanos) desde el sector privado, instituciones financieras, sociedad civil y usuarios finales. La iniciativa es un marco de trabajo para el dialogo político con los países en desarrollo y otros socios, también para acciones especificas y asociaciones desarrolladas en colaboración con todos ellos. A través de la iniciativa la Unión Europea propone trabajar con los países en desarrollo hacia la creación de las condiciones necesarias de un confiable sector energético en los países ACP.

Esta iniciativa ha hecho progresos desde Johannesburgo, por ejemplo en la conferencia Energía para el África llevada a cabo en Nairobi en Noviembre de 2003, contribuyó a discutir sobre el tema de la propiedad africana mientras se delineaban los elementos base de la iniciativa, en otras palabras, el dialogo con los países en desarrollo principalmente en África, ha revelado la necesidad de parte de la Unión Europea de invertir considerablemente más recursos en esta área en particular. (2) 

        Centrando la atención en los temas para una agenda que manejara la dupla energía y pobreza, la Comisión de las Comunidades Europeas propuso la creación de un Fondo para la Energía destinado a los países de África, el Caribe y el Pacifico (Fondo ACP-UE) que surgió como producto de la Iniciativa sobre Energía para la Erradicación de la Pobreza y el Desarrollo Sostenible. Este fondo se diseñó como primera medida para avanzar en esa vía, proponiendo la asignación de recursos cuantiosos en favor de un instrumento ACP-UE de apoyo al sector energético. La Comisión considero que, inicialmente, un importe de 250 millones de euros sería adecuado, habida cuenta de los recursos disponibles del FED (Fondo Europeo de Desarrollo) y de los primeros resultados del diálogo con las partes interesadas.

        El Fondo será un instrumento flexible, podrá ser objeto de cofinanciación con los Estados miembros y otros patrocinantes y podrá adoptar modalidades de aplicación innovadoras. Será, por un lado, un catalizador que fomente iniciativas, proporcione información, actúe como cámara de compensación y desarrolle las capacidades de investigación y gestión de los países ACP; por otro lado, constituirá un instrumento que permita completar los recursos que faltan para la financiación de proyectos y actividades sostenibles. (3) 

        La propuesta de creación del Fondo para la Energía a favor de los países ACP tiene en cuenta el contexto político (la participación de los Estados miembros y de la Comisión para responder a las prioridades de los países en desarrollo, tal como se puso de manifiesto en la Conferencia «Energía para África» organizada en Nairobi en el marco de la IEUE) y aspira a que la UE progrese en la aplicación de sus compromisos. Se propone que los recursos para ese fondo procedan de la dotación de mil millones de euros prevista en el 9º Fondo Europeo de Desarrollo (FED). En junio de 2005, el Consejo ACP-UE aprobó la creación del Fondo, por un monto total de 220 millones de euros. La Comisión dio luz verde a su aplicación en abril de 2006.   
 

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2. Ídem. (relativo al punto 1. Introducción)

3. Ídem. (relativo al punto 6. Un fondo para la energía en favor de los países ACP)

 

 

        El principio básico del Fondo para la energía es conceder subvenciones a los proyectos que mejoren el acceso de los pobres a los servicios de energía. Como tal, proporciona el eslabón para el financiamiento de las actividades y programas en el sector de la energía. Su enfoque radica en el fomento de la colaboración tan necesaria entre los sectores público y privado. El financiamiento del Fondo para la energía está abierto a los agentes estatales y no estatales de los países ACP y de la UE, la sociedad civil, sector privado y organizaciones internacionales. 

        De los ámbitos de acción prioritarios financiados por el Fondo para la Energía, la Comisión señala tres ámbitos prioritarios: 

  • Suministro de servicios energéticos: la mayor parte de los recursos financieros proporcionados por el Fondo se destinan a mejorar el acceso de la población rural (africana, en particular) a servicios energéticos modernos. Se da prioridad a los habitantes de zonas sin suministro de energía. Las propuestas de proyectos deben garantizar la viabilidad de la inversión en los planos económico, social y medioambiental.
  • Creación de un entorno propicio: cuando no se den las condiciones de gobernanza (desarrollo institucional en ámbitos como transporte, salud o educación, las reformas administrativas y la lucha contra la corrupción, programas de reformas por los países para el mantenimiento de la paz y la seguridad, la promoción de los derechos humanos, la promoción de la participación de la sociedad civil, el apoyo a las actividades de las organizaciones sociales, explorar las medidas que deben adoptarse para hacer evolucionar las condiciones hacia una cooperación más eficaz entre los partes que conforman estas sociedades, etc.) necesarias para que las intervenciones sobre el terreno se centren en el suministro de energía, hasta un 20 % de los recursos del Fondo se destinan a apoyar la creación de un entorno favorable al sector energético, sobre la base de la buena gobernanza. El Fondo puede así contribuir a la aplicación de políticas y estrategias nacionales racionales en el ámbito de la energía, la mejora del marco institucional, jurídico y normativo, el aumento de las competencias de las principales partes interesadas y la mejora de sus capacidades de control y evaluación.
  • Facilitación de los futuros programas de inversión de gran envergadura: hasta un 20 % de los recursos del Fondo se destinan a los preparativos necesarios para facilitar los grandes programas de inversión desarrollados en el futuro en el ámbito de las interconexiones transfronterizas, la extensión de las redes y la distribución de energía en las zonas rurales, para su financiación por instituciones financieras internacionales. (4) 
     

        La gestión del Fondo debe respetar el principio de participación por los socios de los países ACP y su derecho de iniciativa, la gestión corresponde a funcionarios de la Comisión Europea, quienes pueden recurrir a especialistas externos, se aplican los 
 

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4. Véase Portal Europa, Síntesis de la legislación de la UE, Energía, Fondo para la energía destinado a los países ACP, Agosto 2007, en: http://europa.eu/legislation_summaries/energy/external_dimension_enlargement/r12532_es.htm

 

 

procesos de toma de decisiones establecidos en la actualidad entre las instituciones de la UE y los países ACP, los Estados miembros que participan en la puesta a punto y la orientación general del Fondo, pueden garantizar la coordinación necesaria entre sus propias actividades bilaterales y las del Fondo y las modalidades de aplicación, por su parte, se elaboran de conformidad con el modelo del Fondo para el agua

        Con base en la información anterior, me permito establecer lo siguiente: Si bien el acceso a la energía como paso para un mínimo desarrollo social y humano, hoy día es considerado un derecho fundamental y básico (tanto para pobres como para ricos), en el pasado reciente no era de esta manera, al punto que se le consideraba un elemento tácito o implícito, sin mucha relevancia o profundidad; sin embargo, esta apreciación desde el punto de vista de los países que tradicionalmente han podido garantizar su abastecimiento regular a fuentes de energía, ha cambiando progresivamente desde hace algunas décadas. Toda sociedad que no tuviera los medios para generar sus propios recursos, entre ellos la energía, era considerada primitiva, bárbara o cuando menos atrasada, pero nunca se estableció una relación entre la pobreza y la carencia de la energía moderna como un circulo vicioso. Lo que intento decir es que con la reciente interconexión del mundo a través de la tecnología, como base por supuesto en los sistemas modernos de energía, se ha demostrado con hechos (a veces muy crudos y sangrientos) que la indiferencia por parte del mundo hacia los menos favorecidos ha provocado una brecha gigantesca que cada día se vuelve más volátil, simplemente por el hecho que no veíamos este asunto del acceso a la energía como un derecho natural, mucho menos humano.

        Al caer la venda de los ojos y asumir que muchos “privilegios” que considerábamos como dados o implícitos en nuestra vida cotidiana, son en realidad derechos inherentes que nos hacen una sociedad en progreso, por ende, es obligatorio permitir que pueblos menos favorecidos logren ese grado de bienestar y avance. Ya no puede haber reticencias ni reservas hacia los pobres porque esta situación, clase bomba de tiempo, se esta volviendo en contra de los países desarrollados; ya sea por la incontrolable migración de pobres hacia países ricos o por el tema que nos afecta a todos por igual del deterioro del medio ambiente. Ante esta urgencia se ha hecho necesario, desde hace algún tiempo, codificar, reglamentar, juridificar o establecer un marco jurídico para estos “nuevos derechos”, es decir, lo que se consideraba sin importancia y hasta desordenado, ahora tiene el reto de convertirse en fundamental y pasa por el hecho de que debe estar reglamentado para hacerlo entendible y universal. 

        Es necesario discutir permanentemente en órganos internacionales, así como en conferencias cómo se puede generar el debate sobre juridificación / judicialización y despolitización más allá de lo esencial en este tema que hoy día se ha transformado en una responsabilidad pública internacional y que es inherente a la palabra alemana Verrechtlichung (legalización). Los temas que deberán discutirse son si ciertos asuntos o conflictos no son jurídicos, políticos, privados etc. por naturaleza.

        Los términos “juridificación” y “juridización” son sinónimos, ya que ambos términos aluden al proceso mediante el cual un cierto tipo de conflicto considerado previamente extrajurídico entra al campo jurídico estatal en la medida que algunos de los intereses que pueden pugnar en él encuentran amparo en el derecho, en otras palabras, juridificación como un término con el que se quiere destacar que algo que antes no era jurídico, se hace jurídico al ser regulado por el derecho y por consiguiente, limitado por normas de este carácter; en una palabra, se juridifica. (5) 

                 

        En este punto me parece importante mencionar algunas cuestiones sobre la juridificación y la crítica de Jürgen Habermas o el modelo habermasiano ya que su trabajo se enfoca en las bases de la teoría social y el análisis de las sociedades del capitalismo avanzado. En su obra Teoría y práctica; Teoría y praxis, la crítica que realizará a Karl Marx será que éste, en su opinión, reduce la praxis humana sólo a un artificio (una techné), en el sentido de que Marx le otorga la importancia fundamental al trabajo como eje de la sociedad, en desmérito del otro componente de la praxis humana que Habermas rescata: la interacción mediada por el lenguaje (y que en mi opinión son las relaciones que en la actualidad definen las conversaciones de los países desarrollados de la UE y su necesidad de elevar la calidad de vida en los países en desarrollo). Para Marx, el trabajo es, según Habermas, una mera techné, en tanto que está colonizado por la racionalidad instrumental (con arreglo a fines). A diferencia de Marx, Habermas entiende que el cambio social debe darse más bien en el ámbito de la comunicación y el entendimiento entre los sujetos. Posteriormente Habermas repensará esta distinción entre trabajo e interacción como dos momentos irreductibles de la acción y tratará de incluir en la labor productiva (el trabajo) componentes de la interacción, por lo que dirá que es posible pensar en un cambio social desde el campo del trabajo. (6) 

         A partir de estas consideraciones, muy vigentes a pesar de haberlas postulado hace más de 35 años, sus análisis se han orientado hacia la fundamentación de la defensa de la democracia deliberativa y de los principios del Estado de derecho. Todo esto nos lleva a pensar que no sólo el establecimiento de un marco jurídico que regule estas novísimas relaciones entre los países ricos y pobres, son la base de la solución para que los pobres entiendan la necesidad del acceso a fuentes de energía modernas como las conocemos hoy día, sino que es necesario un consenso entre países ACP y la UE para establecer cuáles son las necesidades de desarrollo en esos lugares y la velocidad en que deben darse los cambios ( nos es fácil cambiar una forma de vida tan tradicional como la quema de desechos o biomasa, en el caso del África, y sustituirla de la noche a la mañana sin entender verdaderamente las razones para hacerlo, en beneficio de unos y otros), por ende se hace necesario la adopción de un procedimiento colectivo de toma de decisiones políticas que incluya la participación activa de todos los potencialmente afectados por tales decisiones, y que estaría basado en el principio de la deliberación, que implica la argumentación y discusión pública de las diversas propuestas. Con este modelo no se procede propiamente a una innovación de la democracia, sino a una renovación de la misma: la deliberación trasladada al ámbito político (democracia deliberativa) (7) 

        El núcleo de la propuesta de Habermas se “apoya en las condiciones comunicativas bajo las cuales el proceso político tiene para sí la presunción de producir resultados racionales porque se lleva a cabo en toda su extensión de modo deliberativo”. Habermas tomará la necesidad de vinculación entre los miembros de una comunidad para ejercer el poder, como también la posibilidad de llegar a acuerdos.   
 
 

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5. Girón Reguera, Emilia. “El Estado de Derecho en España (Juridificación / Judicialización)”, StaR ? P – Neue Analysen zu Staat, Recht und Politik, Serie W, Bd. 3, Pág. 162.

6.  Información tomada del portal Wikipedia (Material electrónico de acceso libre).

7.  Ídem.

 

 

        El problema está en que, en el marco del creciente pluralismo de culturas y de formas de vida de las sociedades actuales, no puede haber acuerdo total sobre todo y es posible superar las divergencias sólo en los aspectos básicos de la convivencia, en un nivel de consenso ético, pero sobre cuestiones políticas opera la negociación y el compromiso; se distancia del liberalismo (donde la ética no juega ningún papel político) en la medida que entiende que la ética es fundante, es la condición de legitimidad del proceso político.

        Pero, ¿cómo vincular lo universal con lo particular? Mediante la comunicación y más concretamente, a través de la discusión y la argumentación. Parece insoslayable buscar un modelo normativo de democracia deliberativa, la que tendrá en cuenta el derecho a mantener la propia forma de vida cultural y la obligación de aceptar el marco político de convivencia definido por los principios constitucionales y los derechos humanos. (8) 

        Si, es cierto que en este asunto vital de estimular el uso de fuentes modernas de energía renovable en los países en desarrollo, es obligatorio un modelo normativo flexible y que tal marco de derechos y deberes tiene la responsabilidad de mantener sus formas de vida cultural; también es cierto que es necesario mucho dialogo político, donde el compromiso de los Estados es la clave del éxito de estas propuestas antes mencionadas como el Fondo para la Energía a favor de los países ACP. En el pasado el tránsito del Estado liberal al Estado Social reclamó un importante incremento de la producción legislativa. La enorme cantidad de actos legislativos, unido a su frecuente imprecisión o ambigüedad, reforzaron la trascendencia del papel que el operador jurídico debe jugar en el ordenamiento constitucional. Durante la vigencia del Estado Liberal de Derecho, en el que triunfó la visión de la ley como norma general y abstracta, el ideal era pocas leyes y claras, con el fin de que todos pudieran conocerlas. Todo ello cambia cuando el Estado debe responsabilizarse del bienestar de sus ciudadanos y convertirse en uno de los operadores económicos.

        La mayor intervención del Estado en el orden social se tradujo en una mayor juridificación *, esto generó un incremento notable de la producción normativa y además se develó la falta de imparcialidad del derecho, ocultado en el estado liberal por los clásicos rasgos de generalidad y abstracción de las leyes, que cedieron ante un conglomerado de leyes especiales y cambiantes. El derecho del intervencionismo no es propiamente un derecho codificado, los códigos pierden así su anterior lugar central en el orden jurídico. (9)

        De nuevo, la responsabilidad social de los Estados en su compromiso hacia temas novedosos como la  eficiencia en el uso de la energía y su relación con la preservación medio ambiente, es lo que determinará el futuro de las rondas de negociación sobre nuevos proyectos que se propongan en los países ACP bajo el amparo del Fondo, 

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8. Pallas, Carolina. “Democracia Deliberativa y Educación: La Formación Ciudadana y los Espacios Públicos”, Revista Conversación. Revista Interdisciplinaria de Reflexión y Experiencia Educativa. Nº 8, Montevideo, Septiembre 2004, Págs. 2-3.

9. Girón Reguera, Emilia. “El Estado de Derecho en España (Juridificación / Judicialización)”, Pág. 197.

* La “juridificación” de una materia es normalmente condición previa para su “judicialización”, en el sentido que su regulación normativa dota a tal materia de interés para el mundo del derecho, posibilitando el pronunciamiento sobre las mismas por los órganos judiciales, quienes además en los últimos años han adquirido una creciente importancia en la creación del derecho. No obstante, no siempre la juridificación precede a la judicialización, ya que cada vez es menos frecuente que los tribunales innoven el ordenamiento jurídico con nuevas reglas establecidas en sus sentencias, más bien deben alegar algún principio constitucional o general del derecho, en el que basar su decisión. (Girón Reguera, Emilia. Pág. 203).

 

 

por consiguiente, no es correcto interpretar la juridificación que de los nuevos proyectos se desprendan como una intrusión del “sistema” en el “mundo de la vida” (esto de acuerdo a algunos escritos que interpretan erróneamente el modelo habermasiano), sino más bien en el hecho de que la garantía de los derechos y deberes se cumpla efectivamente, recae sobre los pueblos quienes al final del día, son los que legitiman el marco jurídico e institucional que de allí nazca (transición del Estado Social). 

        Ahora bien, en cuanto al impacto de la globalización sobre todos estos procesos que mencionamos con anterioridad, uno de los aspectos que discutimos en clases esta relacionado con el hecho de que la globalización es vista por algunos como producto de una singularidad histórica; singularidad en donde la mayoría de los problemas que afronta el colectivo social tienen una dimensión muy amplia, cuya escala supera el manejo estatal, órgano que tradicionalmente supervisa los niveles de control más altos. Vista la globalización no como un proceso sino como una etapa de transición, ha llevado a algunos juristas a comprender el devenir histórico de los acontecimientos como un proyecto de constitucionalismo cosmopolita, es decir, existe un problema recurrente y es que hay poco ejercicio jurídico o de creación de derecho e insuficientes instituciones para hacer cumplir esos derechos, por lo tanto, ante la aparición de nuevos temas que frecuentemente hacen presencia en el contexto internacional, producto de una urdimbre ideológica que algunos han denominado globalismo, surge la necesidad de crear estadios de regulación para estos nuevos ámbitos, por ejemplo, el reconocimiento de las necesidades básicas para los pueblos pobres (agua, energía, educación salud, etc.) o la compresión del problema que a gran escala significa el tema ecológico y ambiental. 

        Parafraseando a Alfonso de Julios-Campuzano, autor del libro: La Globalización ilustrada. Ciudadanía, derechos humanos y constitucionalismo; la globalización es una tendencia irremediable de nuestro tiempo y es imperdonable para todos desconocer sus consecuencias positivas, muchos menos acentuar los elementos negativos que le son propios. Las cuestiones que suscita la globalización pueden y de hecho han sido objeto, en muchos casos, de análisis superfluos y etéreos; pero eso no invalida en modo alguno la urgencia de una consideración iusfilosófica, sin embargo, hay diversos modelos de globalización posibles. No todos resultan coherentes con la reformulación crítica y reflexiva del proyecto de la modernidad. La posibilidad de un futuro más prometedor para la humanidad depende del grado de realización más preciso y justo de ese modelo normativo, cuyo potencial está aún por descubrirse. El reencuentro entre globalización y justicia es una de las grandes tareas de nuestro tiempo y ese desafío sólo podrá ser alcanzado desde el compromiso por la construcción de un modelo de globalización compatible con la integración de los pueblos. 

        Para finalizar, debo añadir que el pasado 22 de Septiembre de 2009 se realizó una Sesión de Alto Nivel sobre el Cambio Climático, con motivo de la 64 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. 192 delegaciones de países así como Jefes de Estado arribaron a Nueva York para participar –durante 15 días- de las deliberaciones que sobre 4 temas fundamentales tratará la asamblea. Estos son: El calentamiento global, la crisis económica, la proliferación de armas nucleares y la crisis de Honduras. La reunión especial sobre el cambio climático contó con la participación de 100 Jefes de Estado y de Gobierno quienes determinaron los próximos pasos a dar en camino hacia Copenhague. En este encuentro se trataron temas “increíblemente complejos”, parafraseando al Secretario General de la ONU, sin embargo, me gustaría citar las palabras del Papa Benedicto XVI, quien a través de un mensaje por video realizó un comentario, que en mi opinión se ajusta perfectamente con el espíritu de lo que he tratado de significar en este pequeño trabajo. Dijo, “…la comunidad internacional y cada gobierno debe dar las señales adecuadas a sus ciudadanos para contrarrestar formas peligrosas de utilización del ambiente. Los que agotan los recursos compartidos deben reconocerlo claramente y cargar con los costes económicos y sociales de ese hecho, que no deben recaer sobre otros pueblos o sobre las generaciones futuras… La protección del ambiente y la salvaguardia de los recursos y del clima obliga a todos los responsables a aunar sus esfuerzos, respetando la ley y promoviendo la solidaridad con las regiones mas frágiles del mundo, para ello, es esencial que el modelo actual de desarrollo global se transforme mediante la toma de conciencia de una responsabilidad más amplia y compartida con la creación: lo exigen no sólo factores ambientales, sino también el escándalo del hambre y la pobreza". (10) 
 
 
 

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10. Nelú  de Marcano, “El cambio climático en la 64 Asamblea de la ONU”, tomado del portal Analitica.com en: http://analitica.com/medioambiente/8053680.asp,  Septiembre 2009.

 

 

 

CONCLUSIÓN 
 

        Es tiempo de darle mayor atención al rol fundamental de la energía en la erradicación de la pobreza. Si bien es cierto que la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo hizo una aportación importante al reinscribir el tema de la energía en los debates internacionales sobre desarrollo, las medidas prácticas para atender las necesidades energéticas han sido insuficientes, sin embargo, varios Estados miembros de la UE contemplan el ámbito de la energía en el marco de programas bilaterales de cooperación al desarrollo, sobre la base de políticas que se ajustan actualmente a los objetivos de la IEUE. La Iniciativa europea sobre la energía se anunció por primera vez en la Comunicación de la Comisión sobre desarrollo sostenible en el año 2002. Los Estados miembros de la Unión Europea confirmaron su apoyo en varias decisiones del Consejo de la Unión Europea y en el Consejo Europeo, lo que propició que la Iniciativa sobre la energía para la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible (IEUE) se pusiera en marcha con éxito en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. 

        El Fondo para la Energía debe centrar sus actividades en los países ACP que ya cuentan con una política racional en el ámbito de la energía y beneficiará a países que  estén firmemente comprometidos a desarrollar una política de tales características, sobre la base de los principios de buena gobernanza y en el marco de una estrategia de lucha contra la pobreza. En particular, el Fondo para la Energía ayudará a estos países a establecer su marco institucional y reglamentario y a captar recursos financieros adicionales para asociaciones entre los sectores público y privado. La participación activa y la contribución paralela de los Estados miembros que ya trabajan en los países reforzarían este dispositivo financiero. El objetivo a largo plazo del Fondo es un aumento significativo de la utilización de servicios energéticos sostenibles para fines productivos y sociales en favor de la población destinataria de los países ACP, así como la adopción de medidas significativas y cuantificables, en particular la erradicación de la pobreza. De acuerdo con los resultados del diálogo con los países ACP en el marco de la IEUE, el Fondo tendrá por piedra angular la concesión de apoyo a actividades centradas en el aumento del acceso a servicios energéticos modernos en zonas rurales de África. En los países ACP insulares, el Fondo permitirá obtener resultados en los ámbitos de la eficiencia energética y las energías renovables. 

        La industrialización y el crecimiento económico en África y Asia (tal y como se generan hoy día) ya no parecen ser un objetivo de aceptación universal, en cambio algunos lo ven como una amenaza potencial, si no es cuidadosamente supervisado por occidente. Esta nueva actitud tiene consecuencias nefastas. Según un nuevo estudio sobre el crecimiento mundial, proveniente de organizaciones no gubernamentales, el porcentaje de ayudas dirigidas al crecimiento económico ha bajado del 28% hace 10 años a sólo 12% actualmente. En cambio, la ayuda ofrecida hoy día se está centrando en los objetivos sociales y ambientales. No es emocionante ver a Naciones Unidas, la Unión Europea o muchos otros gobiernos nacionales re-envasar ayuda exterior como "ayuda contra efectos del cambio climático". La UE tiene previsto ofrecer a los países en desarrollo, € 15 millones ($ 25,4 millones de dólares) de ayuda contra el cambio climático, como una especie de “enganche” para poder tener la pelota en Copenhague. Esta se basa en el impulso de nuevos programas y agencias que distribuirán ayudas en campos específicos que tienen que ver con el cambio climático, por ejemplo, el Mecanismo de Desarrollo Limpio de Naciones Unidas y el Fondo Ambiental Global o Unidad de Financiamiento del Carbono del Banco Mundial, etc. 

        Con un crecimiento económico suficiente, los países en desarrollo pueden hacer frente a las presiones del cambio climático y cualquier número de otros factores de estrés: la desnutrición crónica, la mortalidad infantil, el analfabetismo, las enfermedades que muchos creíamos casi erradicadas como la malaria y que son consecuencias directas de la pobreza extrema. Estos problemas van a agravarse con el cambio climático, si no logramos alcanzar la voluntad política necesaria para combatirlos. Sólo una sustancial mejora en la calidad de vida en los países ACP puede aliviarlas.

        Desde una perspectiva ambiental, se debe impulsar el crecimiento económico rápido en los países en desarrollo. Las sociedades capitalistas más avanzadas son “más limpias” y la tecnología para reducir la contaminación es más bien, un producto del crecimiento económico como también lo es la contaminación, en primer lugar. Las fábricas en los países desarrollados son más limpias, más eficientes y más saludables para sus trabajadores que las fábricas del Tercer Mundo. La contaminación industrial en el mundo en desarrollo puede ser devastadora. 

        La pobreza es el principal problema. La ayuda extranjera ha sido desde hace mucho, un modo imperfecto de combatirla. Esa ayuda, que en principio puede tener las mejores intenciones, ha engordado la burocracia de los países en desarrollo a expensas de los pobres, financiando el suntuoso estilo de vida de los dictadores opresivos, por ejemplo en África. Es muy importante permitir a las naciones en desarrollo construir las instituciones y marcos jurídicos que darán crecimiento “orgánicamente” a una economía productiva y sabemos que los acuerdos de comercio y la apertura de los mercados son extraordinariamente poderosos conductores de crecimiento. Es perentorio establecer que las ayudas suministradas y las iniciativas creadas para promover el uso de fuentes de energía alternativas o combatir los efectos del cambio climático en los países en desarrollo, no sean entendidas como “ayuda paternalista para el desarrollo”. No se puede confundir la apertura de conciencia sobre responsabilidad social de los países desarrollados con el compromiso de financiamiento a la ineficiencia, corrupción y burocracia del tercer mundo. Reflexionemos sobre ello!!


 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

Material WEB

 

 

 

  • Portal Wikipedia, enciclopedia de contenido libre.

Material sobre Habermas en: http://es.wikipedia.org/wiki/Habermas

Material sobre Democracia Deliberativa en: http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_deliberativa 
 

Revistas

  • Girón Reguera, Emilia. “El Estado de Derecho en España (Juridificación / Judicialización)”, StaR ? P – Neue Analysen zu Staat, Recht und Politik, Serie W, Bd. 3, Universidad Libre de Berlín, 2006.

 

  • Pallas, Carolina. “Democracia Deliberativa y Educación: La Formación Ciudadana y los Espacios Públicos”, Revista Conversación. Revista Interdisciplinaria de Reflexión y Experiencia Educativa. Nº 8, Montevideo, Septiembre 2004.

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