Afirmaba hace algún tiempo el que fuera líder de los Héroes del Silencio, Enrique Bunbury, que consideraba “obsoleto y poco elegante tanto ser de izquierdas, como de derechas”. Y no le faltan razones, porque los conceptos izquierda y derecha parecen más, hoy en día caducas, etiquetas del siglo pasado que referentes ideológicos del tercer milenio. ¿Tiene sentido en los tiempos actuales declararse de DERECHAS o de IZQUIERDAS?
Si ser de derechas equivale a ser conservador o a contemplar indiferente la libre acción de los mercados, no parece esa una opción moralmente defendible, dado que el orden económico mundial actualmente imperante provoca cada día el dramático genocidio de miles de personas en el planeta, a causa del hambre, la pobreza o enfermedades curables.
En una realidad sociopolítica pretendidamente dual, aunque siempre poliédrica, la alternativa a los partidos conservadores es lo que se conoce como socialismo, doctrina que ni siquiera en su versión más “light”, la denominada socialdemocracia, ha demostrado la necesaria capacidad para administrar con justicia y eficacia los fondos públicos. En Europa tenemos múltiples ejemplos de ello. Y en muchos casos, como el español, los gobiernos socialistas ni siquiera han querido acreditar una voluntad redistributiva de la renta canalizada mediante la implementación de una política fiscal progresiva, ni tampoco un compromiso real para contribuir a la erradicación de la pobreza en el mundo.
Ni los gobiernos conservadores ni los socialistas han podido salvaguardar de la actual crisis que padece la economía occidental a sus países y tanto unos como otros han sido responsables del debilitamiento de sus economías, alimentando irresponsablemente, en muchos casos, la burbuja inmobiliaria y consolidando un modelo de crecimiento cimentado sobre barro, condenado a estallar, con mayor o menor virulencia, en el momento en el que la situación financiera mundial flaqueara, en un entorno de máxima interconexión de todos los mercados.
Más allá de la desesperanzadora dualidad conservadores-socialistas, las opciones políticas situadas más a la izquierda del socialismo, que no han ejercido labores de gobierno significativas en la Europa occidental, parecen ignorar todavía en sus postulados una consecuencia más que obvia de la egoísta condición humana: cuando nuestro progreso y grado de bienestar dependen de nuestro propio esfuerzo, somos más eficientes y útiles a la sociedad y a nosotros mismos que cuando dependen de las subvenciones, subsidios y ayudas de “papá” Estado.
Por eso, en aras de una eficiente asignación de los recursos, se debe limitar la intervención del Estado en el orden económico a aquellos casos, que no son pocos, en los que sea realmente preciso. Y ese es el difícil punto de equilibrio que requiere la máxima valía de la clase política para ejercer sus competencias con tino y discernimiento. Y más en la convulsa coyuntura económico-financiera internacional que vivimos actualmente, en la que los poderes públicos deben asumir las labores de regulación y control necesarias, a las que han venido renunciando, sobre esa entelequia que algunos llaman “los mercados”, que no son en realidad sino los agentes que en ellos intervienen buscando su máximo interés en el marco normativo que fijan los gobiernos y las instituciones internacionales.
En 1776, Adam Smith formulaba en su obra “La causa de la riqueza de las naciones” las bases del liberalismo económico, fundamentadas en esa “mano invisible” denominada ley de la oferta y la demanda que regula el mercado. Pero el propio economista y filósofo escocés insistió con vehemencia en la ineludible obligación del Estado de corregir los desequilibrios que el libre intercambio de personas, capital, bienes y servicios genera y que son inherentes al liberalismo económico. Y a eso, simplemente, debe aspirar la clase política.
Destinar ingentes cantidades a sueldos de asesores nombrados “a dedo”; sufragar miles de coches oficiales innecesarios; subvencionar con cifras escandalosas a partidos políticos y sindicatos…: existen multitud de ejemplos en los distintos ámbitos de la administración de lastimosa dilapidación del dinero público, que demuestran la incompetencia de los gobernantes, de derechas y de izquierdas, para gestionar eficazmente el dinero que recaudan de los ciudadanos.
Exijamos pues, por encima de la obsolescencia de las etiquetas de la izquierda y la derecha, una clase política integérrima, inspirada en criterios éticos y de racionalidad en la gestión, que persiga la igualdad de oportunidades y el bienestar de todas las personas, especialmente de las más desfavorecidas. Y superemos el anacrónico modelo de confrontación entre derecha e izquierda, dado que libertad económica e intervención pública son principios necesarios, complementarios y no excluyentes.

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