Desde 2005 existe en España una ley que permite a los tribunales enjuiciar delitos de mutilación genital femenina. Conociendo que se practica en muchos países de África Subsahariana, entre ellos Kenia, Nigeria, Somalia, Sudán o Etiopía, las autoridades españolas informan a los inmigrantes de estos países residentes en España cuando van de vacaciones a sus países de la ley vigente sobre la practica de la ablación. Se realizan exploraciones a las niñas que van a viajar y les informan que serán revisadas a su regreso.

 

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En la actualidad mas de 100 millones de mujeres han sufrido la extirpación del crítoris cuando eran niñas. Esta actividad es rechazada por la ONU y la Unión Europea, además la OMS considera una violación del derecho a la salud. Muchos padres residentes en España, aprovechan cuando finaliza el curso escolar para ir de vacaciones a su país y mutilar a sus hijas. Esta práctica está muy controlada en España y se les proporciona información detallada del delito que aquí representa esta mutilación y se realizan exploraciónes a las niñas que van a viajar.

 

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Actualmente se está celebrando el primer juicio sobre ablación en España, y según parece los indicios indican que la ablación se produjo en este país. Los acusados, un matrimonio de Gámbia residentes en la provincia de Teruél que se les acusa de practicarle la ablación a su hija de pocos meses. La Fiscalía les pide seis años de cárcel para cada uno, al haber comprobado en una revisión pediátrica a los seis meses que no existía anomalía alguna y en otra revisión a los doce meses se detectó la ausencia del crítoris.

 

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Se hace constar que este matrimonio no ha viajado a Gámbia ni a ningún otro lugar. Ellos alegan en su defensa que la ablación se realizó a la semana de nacer la niña, cuando aún se encontraban en su país, por parte de los abuelos maternos. Las pruebas realizadas a la pequeña demuestran lo contrario pues en este tipo de consultas se mira expresamente lor órganos genitales de las niñas procedentes de países que realizan estas prácticas.

 

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El juicio ha quedado visto para sentencia y conlleva además la retirada de la patria potestad de la menor. Tal vez este primer juicio con la consiguiente condena, sirva para que los inmigrantes residentes en España dejen de realizar esta cruél y aberrante prática.

 

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