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Convenios con entidades sin animo de lucro

por: Cristhian Camilo Valderrama

Abogado - Especialista en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo

 

El artículo 355 de la Constitución Política prescribe: Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado.

El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.

Conforme al artículo transcrito puede el Gobierno, en sus diferentes niveles, celebrar contratos con las entidades sin ánimo de lucro siempre que se cumplan unos requisitos:

- Reconocida idoneidad de la entidad sin ánimo de lucro contratista. Desde luego, esta reconocida idoneidad debe atender criterios objetivos y los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad que debe surtir la función administrativa de acuerdo a lo consagrado en el artículo 209 de la Carta Política.

- Un segundo requisito tiene que ver con la teleología de este tipo de contratos. La finalidad única es la de impulsar programas y actividades de interés público.

- La tercera precisión constitucional demarca los límites y alcances de la finalidad, que establece como requisito la conformidad con el plan nacional y los planes seccionales de desarrollo.

Como se desata del aparte final en el segundo inciso de la norma constitucional, corresponde al Gobierno Nacional reglamentar la materia, lo cual significa que el Congreso quedó relevado de esta función.

El Presidente de la República, en uso de las facultades constitucionales reglamentarias expidió los Decretos 777 del 16 de mayo de 1992, 1403 del 26 de agosto de 1992, y, finalmente, el Decreto 2459 del 9 de diciembre de 1993.

El artículo 1o. del Decreto 777 de 1992, modificado en sus incisos segundo y tercero por el Decreto 1403 de 1992, prevé:

CONTRATOS CON ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA IMPULSAR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE INTERÉS PUBLICO. Los contratos que en desarrollo de lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 355 de la Constitución Política celebren la Nación, los Departamentos, Distritos y Municipios con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, con el propósito de impulsar programas y actividades de interés público, deberán constar por escrito y se sujetarán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre los particulares, salvo lo previsto en el presente Decreto y sin perjuicio de que puedan incluirse las cláusulas exorbitantes previstas por el Decreto 222 de 1983.

Los contratos cuya cuantía sea igual o superior a cien salarios mínimos mensuales deberán publicarse en el Diario Oficial o en los respectivos diarios, gacetas o boletines oficiales de la correspondiente entidad territorial. Adicionalmente, deberán someterse a la aprobación del Consejo de Ministros aquellos contratos que celebren la Nación, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado o las sociedades de economía mixta sujetas al régimen de dichas empresas, cuando dichas entidades descentralizadas pertenezcan al orden nacional, y la cuantía del contrato sea igual o superior a cinco mil salarios mínimos mensuales.

Se entiende por reconocida idoneidad la experiencia con resultados satisfactorios que acreditan la capacidad técnica y administrativa de las entidades sin ánimo de lucro para realizar el objeto del contrato. La entidad facultada para celebrar el respectivo contrato deberá evaluar dicha calidad por escrito debidamente motivado.

Así mismo, el decreto 777 de 1992, consagra expresamente las causales de exclusión, es decir, los casos en que no es posible celebrar este tipo de contratos y los señala así:

“ARTICULO 2o. . Están excluidos del ámbito de aplicación del presente Decreto:

1. Los contratos que las entidades públicas celebren con personas privadas sin ánimo de lucro, cuando los mismos impliquen una contraprestación directa a favor de la entidad pública, y que por lo tanto podrían celebrarse con personas naturales o jurídicas privadas con ánimo de lucro, de acuerdo con las normas sobre contratación vigentes.

2. Las transferencias que se realizan con los recursos de los Presupuestos Nacional, Departamental, Distrital y Municipal a personas de derecho privado para que, en cumplimiento de un mandato legal, desarrollen funciones públicas o suministren servicios públicos cuya prestación esté a cargo del Estado de acuerdo con la Constitución Política y las normas que la desarrollan.

3. Las apropiaciones presupuestales decretadas a favor de personas jurídicas creadas por varias entidades públicas, como son las cooperativas públicas, o de corporaciones y fundaciones de participación mixta en cuyos órganos directivos estén representadas entidades públicas en forma proporcional a sus aportes de acuerdo con las disposiciones estatutarias de la corporación o fundación.

4. Las transferencias que realiza el Estado a personas naturales en cumplimiento de las obligaciones de asistencia o subsidio previstas expresamente en la Constitución y especialmente de aquellas consagradas en los artículos 43, 44, 46, 51, 368, 13 transitorio y 46 transitorio de la misma.

5. Los contratos que de acuerdo con la ley celebre la entidad pública con otras personas jurídicas, con el fin de que las mismas desarrollen un proyecto específico por cuenta de la entidad pública, de acuerdo con las precisas instrucciones que esta última les imparta”.

En el Departamento del Tolima, se ha observado que Municipios que reciben recursos por concepto de Regalías Petrolíferas, amparados erróneamente en el decreto 777 de 1992, han optado por suscribir contratos de obra pública e interventoría que denominan “convenios de cooperación interinstitucional” con entidades sin ánimo de lucro, en los cuales el aporte de los “cooperantes” no es superior al 2% del valor de las obras y dicho aporte además no se ve reflejado en una verdadera contribución, por cuanto el mismo se efectúa no en dinero sino en bienes y servicios como gastos de oficina, papelería, etc.

De igual manera, aunque existe la facultad Constitucional y Legal para celebrar contratos con entidades sin ánimo de lucro, ello no implica que mediante esta modalidad se pueda celebrar todo tipo de contrato, pues en efecto se debe tener en cuenta la finalidad u objeto de la contratación, así como las excepciones a la aplicación de esta normatividad especial. En ese sentido la contratación celebrada por los Municipios del Tolima es presuntamente contraria a la ley por las siguientes razones:

1. Objeto Contractual:

La Corte Constitucional en sentencia C-712 de 2001, referente a esta modalidad de contratación expuso lo siguiente:

“(…) el ámbito propio del artículo 355, en sus dos incisos, el primero en cuanto prohíbe explícitamente las donaciones y auxilios, y el segundo, que permite la celebración de contratos para el cumplimiento de actividades de interés público, acordes con los planes de desarrollo, con personas jurídicas privadas, sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, es el de la acción benéfica del Estado, de las actividades de fomento que dentro de un Estado Social de Derecho corresponden como función propia, insoslayable, a la organización estatal. Se trata de apoyar la acción de organizaciones de origen privado, que en ejercicio de la autonomía de iniciativa para el desarrollo de las más variadas actividades que las personas realizan en sociedad (Constitución Política, art. 38), buscan la satisfacción de finalidades no simplemente lucrativas”. (Negrilla y subrayas no originales).

En igual sentido, en la sentencia C-543 de 2001, señaló:

“el artículo 355 constitucional, cuando en el segundo inciso alude a la celebración de contratos, hace énfasis en que el objeto de los mismos es el desarrollo de actividades de interés público, acordes con los planes de desarrollo, y para asegurar que la acción de fomento (benéfica como la ha denominado la jurisprudencia de la Corporación) se cumpla adecuadamente”. (Negrilla fuera del texto).

El Consejo de Estado, en concepto de 24 de febrero de 2005, expresó:

“las entidades públicas en todos sus niveles, están autorizadas para celebrar contratos con el fin de impulsar programas y actividades de interés público de carácter benéfico, siempre que se ajusten a los planes nacionales y seccionales de desarrollo y a los reglamentos sobre la materia”. (Negrilla fuera del texto).

Como puede apreciarse, el objeto de la celebración de Convenios no puede ser otro que el apoyo a programas de beneficencia social y esto constituye un límite a la utilización de esta modalidad de contratación. No puede aceptarse el argumento que el contrato representa un beneficio común, pues resulta apenas obvio que toda inversión pública esta destinada a satisfacer las necesidades colectivas, según lo señala la ley 80 de 1993; sin embargo, la ejecución de obras de ingeniería civil como pavimentación de anillos viales, construcción de instalaciones para el funcionamiento de la Alcaldía e interventoría de obras, si bien representan un beneficio para el Municipio, no puede desde ningún punto de vista asimilarse a una actividad de carácter benéfico y en consecuencia los convenios suscritos para la ejecución de estas obras no se ajustan a los requisitos Constitucionales y Legales para la contratación mediante esta modalidad privada.

2. Exclusión de contratos con contraprestación:

El Decreto 777 de 1992, establece las exclusiones aplicables a esta modalidad de contratación y en su artículo 2 numeral 1º señala que “Están excluidos del ámbito de aplicación del presente Decreto: 1). Los contratos que las entidades públicas celebren con personas privadas sin ánimo de lucro, cuando los mismos impliquen una contraprestación directa a favor de la entidad pública, y que por lo tanto podrían celebrarse con personas naturales o jurídicas privadas con ánimo de lucro, de acuerdo con las normas sobre contratación vigentes”.

El Consejo de Estado en el concepto 1616 de 2005, manifiesta que “... los contratos a que se refiere el inciso 1o. del artículo 2o. del Decreto 777 de 1992 son los que implican una conducta de parte del contratista directamente en beneficio de la entidad contratante (entidades administrativas territoriales), distintos de los que las entidades públicas pueden celebrar con personas privadas sin ánimo de lucro, sin que ello implique una prestación en favor de la Nación, el departamento, el distrito o municipio respectivo, sino que tienen por objeto beneficiar a la comunidad”.

El Doctor Juan Pablo Cárdenas Mejía, en su obra “Comentarios al Nuevo Régimen de Contratación Administrativa” citado por el Consejo de Estado en el concepto referido, señala que “la contraprestación directa para la entidad pública ocurre cuando la entidad recibe un bien o se ve liberado de una obligación. Así por ejemplo, cuando compra un bien, o cuando la entidad pública debe hacer un examen a una determinada persona y contrata a un particular para que lo haga”.

Dentro de esta categoría de contratos, necesariamente se ven inmersos los contratos cuyo objeto es la construcción de obras de infraestructura, pues en estos casos el municipio paga un precio determinado y en cambio recibe un bien inmueble que entra a formar parte de sus activos, tal es el caso de la construcción de edificios Municipales.

3. Exclusión de Contratos de Interventoría.

Señala el decreto 777 de 1992, en su artículo 2º numeral 2º que “Están excluidos del ámbito de aplicación del presente Decreto: 2. Las transferencias que se realizan con los recursos de los Presupuestos Nacional, Departamental, Distrital y Municipal a personas de derecho privado para que, en cumplimiento de un mandato legal, desarrollen funciones públicas o suministren servicios públicos cuya prestación esté a cargo del Estado de acuerdo con la Constitución Política y las normas que la desarrollan”.

La Corte Constitucional, en Sentencia C-037 de 28 de enero de 2003, siendo Magistrado Ponente el Doctor Alvaro Tafur Galvis, expuso lo siguiente respecto a la labor de interventoría:

“De los elementos que se desprenden de la ley resulta claro que al interventor le corresponde vigilar que el contrato se desarrolle de acuerdo con lo pactado en las condiciones técnicas y científicas que más se ajusten a su cabal desarrollo, de acuerdo con los conocimientos especializados que él posee, en razón de los cuales la administración precisamente acude a sus servicios.

 

Dicha función de control, que las normas contractuales asignan a los servidores públicos, pero que excepcionalmente en virtud del contrato de interventoría puede ser ejercida por un particular, implica en realidad el ejercicio de una función pública.

 

Téngase en cuenta que el interventor, como encargado de vigilar la buena marcha del contrato, podrá exigir al contratista la información que estime necesaria; efectuará a nombre de la administración las revisiones periódicas indispensables para verificar que las obras ejecutadas, los servicios prestados o los bienes suministrados cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas; podrá dar órdenes que se consignarán necesariamente por escrito; de su actuación dependerá que la administración responsable del contrato de que se trate adopte oportunamente las medidas necesarias para mantener durante su desarrollo y ejecución las condiciones técnicas, económicas y financiaras que fueron previstas en él, es decir que tiene atribuidas prerrogativas de aquellas que en principio solo corresponden a la Administración, al tiempo que su función se convierte en determinante para el cumplimiento de los fines de la contratación estatal.

 

La Corte llama la atención además sobre el hecho de que el objeto sobre el cual recae la vigilancia, a saber el desarrollo del contrato estatal, supone la presencia de recursos públicos, y que en este sentido la labor de vigilancia que se le encarga para que el desarrollo del contrato se ajuste a los términos del contrato y a la realización de los fines estatales específicos que con el se persiguen, implica la protección de esos recursos.

 

Concluye la Corte entonces que en el cumplimiento de las labores de interventoría en los contratos estatales el particular contratista se ve atribuido el ejercicio de una función pública”.

De acuerdo a lo expresado por la Corte, la labor de Interventoría es en esencia una función pública atribuida por la ley 80 de 1993 a los servidores públicos, en consecuencia, tratándose de una función pública no es posible celebrar convenios de cooperación cuyo objeto sea la realización de Interventorías, por expresa prohibición del numeral 2º, artículo 2º del decreto 777 de 1992.

4. Exclusión de Contratos de Obra.

El decreto 1403 de 1992 adicionó un numeral 5º al artículo 2º del decreto 777 de 1992, con el siguiente texto: “Están excluidos del ámbito de aplicación del presente Decreto: 5). Los contratos que de acuerdo con la ley celebre la entidad pública con otras personas jurídicas, con el fin de que las mismas desarrollen un proyecto específico por cuenta de la entidad pública, de acuerdo con las precisas instrucciones que esta última les imparta”.

El Consejo de Estado, en el concepto 1616 de 2005, refiere que:

“... de la lectura del artículo 355 se desprende que el objeto de los contratos es ‘impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional de Desarrollo’. Esta norma muestra claramente que los contratos a que se refiere dicha disposición son aquellos por los cuales el Estado entrega recursos a un ente sin ánimo de lucro para que el mismo pueda adelantar sus programas. Los programas a que se refiere no son los programas del Estado sino los programas del ente privado, porque si fueran los del Estado se trataría no simplemente de impulsar un programa sino de ejecutarlo. (…) los contratos a que se refiere el artículo 355 de la Constitución tienen por objeto la entrega de unos recursos o bienes del Estado a una entidad sin ánimo de lucro para apoyar un programa de esta última. Lo anterior indica que en un principio corresponde a la entidad sin ánimo de lucro dirigir el programa aunque existan algunos criterios en el contrato de apoyo. En esto se marca una radical diferencia con los contratos que tienen por objeto ejecutar un proyecto gubernamental de acuerdo con los parámetros fijados por el ente público y de conformidad con sus instrucciones. De esta manera, los contratos que tienen por objeto desarrollar una actividad estatal por intermedio de un particular no se sujetan a las reglas que establece el 355”.

El Consejo de Estado en concepto 1710 de 23 de febrero de 2006, resolviendo una consulta sobre la aplicabilidad del Decreto 777 de 1992 para contratar la ejecución de obras, señaló: “El objeto del convenio no puede consistir en que la entidad pública transfiera a favor de la Federación Nacional de Cafeteros recursos para la ejecución de obras de infraestructura en zonas cafeteras por parte de ésta última, pues esta clase de contratos se encuentran excluidos por el decreto 777 de 1992, artículo 2°, numeral 5°, ello sin perjuicio de los aportes comunes que ambas partes puedan realizar para la conformación de las asociaciones y fundaciones a que se refiere el artículo 96 de la ley 489 de 1.998”.

Respecto a la contratación celebrada por los Municipios del Tolima beneficiarios de Regalías petrolíferas, es evidente que su objeto consiste principalmente en la ejecución de obras civiles específicas, las cuales no corresponden al desarrollo de programas autónomos, ejecutados a iniciativa de las entidades sin ánimo de lucro, sino que obedecen a la voluntad exclusiva de la administración municipal, quien es la encargada de elaborar los estudios y diseños previos, es quien invita a las entidades a presentar propuesta para la ejecución de las obras y principalmente es quien determina las condiciones técnicas y económicas de ejecución por intermedio de los términos de referencia; es decir, a pesar del formalismo del convenio, en realidad lo que se está celebrando es un verdadero contrato de obra por cuenta de la entidad pública, de acuerdo con las precisas instrucciones que esta última imparte y en consecuencia, esta contratación queda subsumida dentro de la exclusión determinada en el numeral 5º del artículo 2º del decreto 777 de 1992.

 

Si bien es cierto, las entidades territoriales están facultadas para celebrar contratos con entidades sin ánimo de lucro, regidos por el derecho privado, también lo es, que esta modalidad de contratación encuentra sus límites tanto en el objeto materia del convenio como en las exclusiones señaladas en el decreto 777 de 1992. Para el caso particular, las entidades territoriales han optado por la suscripción de este tipo de convenios de cooperación apartándose de la licitación o convocatoria pública, a pesar de tratarse de objetos contractuales claramente excluidos de la aplicación del Decreto 777; en consecuencia, mediante esta incorrecta práctica evasiva de la ley 80, se inobservó el deber de selección objetiva, vulnerando los principios de transparencia, responsabilidad y economía.

Finalmente, se advierte que al incumplirse los procedimientos de licitación o convocatoria pública, se incumplió uno de los requisitos esenciales del contrato estatal y en consecuencia, esta conducta presuntamente se tipificaría como un concurso homogéneo y sucesivo de “Contrato sin cumplimiento de requisitos Legales”, consagrado en el artículo 410 del Código Penal.

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en Sentencia 20779 de 17 de septiembre de 2008, Magistrado Ponente Julio Enrique Socha Salamanca, tratando el tema que nos ocupa refiere lo siguiente:

“Para determinar el contenido y alcance del tipo penal, la Corte viene interpretando sus elementos sistemática y teleológicamente con los valores y principios previstos en el preámbulo y el artículo 2 de la Carta Política, conjuntamente con los que orientan la función pública y la contratación estatal contenidos en los artículos 209 de la Constitución Política y 23 de la ley 80 de 1993, los de economía, transparencia, responsabilidad, igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, imparcialidad, publicidad y selección objetiva. La conducta exige el actuar de un sujeto activo cualificado, un servidor público que entre sus funciones tenga que intervenir en el proceso de contratación y haya incumplido los requisitos substanciales en su trámite u omitido la verificación de su concurrencia en las fases de celebración y liquidación, dejando al margen de protección la etapa de ejecución.

De esta descripción se deduce su ejecución de tres modos alternativos: inobservando las exigencias legales sustanciales en el trámite, lo cual comporta todos los pasos hasta su celebración; pretermitiendo verificar la presencia de las condiciones legales para su perfeccionamiento, incluyendo los atinentes a la fase precontractual, y los relacionados con la liquidación.

Los principios de la contratación estatal toman cuerpo en los requisitos exigidos por la ley en las distintas etapas del proceso contractual.

Así, son exigidos unos requisitos previos a la celebración del contrato que de ser omitidos impiden su nacimiento, ellos son: La competencia del funcionario para contratar, autorización para que el servidor facultado pueda contratar, existencia del rubro y registro presupuestal correspondiente, y la licitación o el concurso previo o el trámite de la contratación directa.

Otros concomitantes a la celebración del convenio cuya observancia habilita el consenso entre la administración y el particular, son: Elaboración de un contrato escrito que contenga todas las cláusulas atendiendo a su naturaleza y las obligatorias en casos determinados y para ciertos contratos, la constitución y el otorgamiento de garantías de cumplimiento por el contratista, y la firma del contrato por las personas autorizadas.

Y, finalmente, unos presupuestos ulteriores a la celebración del contrato, cuya presencia permiten que una vez firmado, la actuación quede en firme y pueda ser ejecutada”.

De acuerdo a lo anterior, la licitación pública es un requisito esencial de la contratación estatal y al omitirse ésta, presuntamente se configuraría el tipo penal de celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, cuya investigación corresponderá a la Fiscalía General de la Nación.

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Comentarios:

  1. Escrito por anonimo
    Fecha: 2010-04-05 14:51:53

    EXCELENTE EL ARTICULO, ME HA AYUDADO A DESPEJAR DUDAS. PERO QUISIERA PREGUNTAR LO SIGUIENTE: SI SE TRATA DE IMPULSAR UN PROGRAMA DE INTERES PUBLICO QUE DENTRO DE SU EJECUCION CONTEMPLE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION, COFINANCIDAS EN UN PORCENTAJE POR LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, EN DONDE ADEMAS ESTA REALIZA LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD CONJUNTAMENTE CON LA ENTIDAD TERRITORIAL, SE ESTARIA INCURRIENDO EN ALGUN DELITO?, ESTE CONVENIO ESTARIA INMERSO DENTRO DE LAS EXCLUSIONES DEL ART. 5 DEL DECRETO 777 DE 1992?

  2. Escrito por anonimo
    Fecha: 2010-07-30 21:06:07

    Por favor quiero tener el concepto claro si las entidades de gobierno llámese, Gobernaciones o Alcaldías, pueden firmar convenios con Fundaciones sin animo de lucro, para ejecutar proyectos de obras civiles. QUE DICE SOBRE ESTO LA LEY 80 Muchas gracias

  3. Escrito por anonimo
    Fecha: 2010-08-16 04:19:13

    Me parece de mucha importancia ya que muchos dptos estoy seguro realizan contratos con fundaciones sin animo de lucro esto entre comillas, porque estas entidades que haran las ganancias q adqieren de un contrato? sera q la invierten en obras para la comunidad? no lo creo. Ahora con la famosa ley de la cuantia minima de q todo hay q publicarlo jaja da risa! Cuando qieren direccionar un contarto lo cuelgan de un dia para otro y ya al q le van a dar el contrato tiene todo preparado y es el unico q reune todolos requisitos previos q tal doña colombia lo q no se hace aqui no se hace en ninguna otra parte del mundo. saludos. mejor q se sigan dando los contratos a dedo y dejen de gastar tanto dinero en leyes y mas decretos q lo q hacen es desgastar el herario publico.ahora hasta pronto.

  4. Escrito por Lawyer
    Fecha: 2010-08-18 22:14:35

    RESPUESTA ALCI STALIN: En mi criterio, toda actividad de construcción es una obra pública de conformidad con la ley 80 de 1993, en consecuencia como se explica en el artículo, las obras públicas están excluidas de la aplicación del Decreto 777 de 1992. es necesario precisar que todo contrato estatal tiene por finalidad la satisfacción de intereses públicos, pero ello no se puede confundir con los programas de interés público de que trata el artículo 355 de la Constitución. De acuerdo a su consulta, el proyecto no corresponde a un programa de la entidad sin ánimo de lucro, sino a un proyecto de la entidad territorial que se esta ejecutando de manera conjunta, confirmando así que estaría excluido del decreto 777; lo que configuraría una presunta evasión de la licitación pública (para el caso de la obra) y del concurso de méritos (para el caso de los diseños), con las consecuencias penales indicadas en el artículo (celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales).

  5. Escrito por anonimo
    Fecha: 2010-08-25 18:15:39

    HOLA, ME PARECE MUY INTERESANTE EL ARTICULO, ME GUSTARIA SABER ESPECIFICAMENTE A QUE SE HACE REFERENCIA CUANDO SE INDICA QUE DEBEN ESTAR ORIENTADOS A IMPULSAR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE INTERES PUBLICO, ASI MISMO CUANDO EN LA CAUSAL PRIMERA DE EXCLUSION SE ESTABLECE QUE \"NO IMPLIQUE UNA CONTRAPRESTACION DIRECTA PARA LA ENTIDAD PUBLICA\". POR FAVOR RESPONDAN A ESTAS INQUIETUDES

  6. Escrito por anonimo
    Fecha: 2010-08-25 21:38:18

    Que gran Articulo los felicito por que de su lectura pude afirmar mi concepto frente al menejo irreguar e indebido que los ordenadores del gasto en complicidad con ciertas entidades que dicen denominarse sin animo de lucro, le estan dando al manejo contractual, esta figura no es mas que que una clara evasión al cumplimiento del deber de selección objetiva, vulnerando los principios de transparencia, responsabilidad y economía, como lo manifiesta en el articulo.

  7. Escrito por Lawyer
    Fecha: 2010-09-02 18:11:29

    RESPUESTA DIANA: conforme al criterio de la Corte Constitucional, los programas y actividades de interés público a que hace referencia el artículo 355 de la C.P. son aquellos adelantados por las entidades sin ánimo de lucro y que tradicionalmente han sido conocidos como actividades de beneficencia, de tal manera, que debe ser un programa de la entidad sin animo de lucro, es decir, ésta debe estar ejecutando esta actividad previo a la suscripción del convenio y el Estado puede apoyar la continuidad o mejoramiento del programa siempre que este acorde con el Plan de Desarrollo. dentro de las actividades de interés público que pueden ser apoyadas por el Estado, encontramos los programas de protección a la niñez, el funcionamiento de centros de apoyo al adulto mayor (ancianatos), etc. siempre y cuando la entidad sin animo de lucro sea la titular del programa y la este ejecutando, de tal suerte que el Estado aparece para apoyar la labor de beneficencia desarrollada por tales entidades. por la anterior razón es que afirmamos que estos convenios no pueden ser utilizados, por ejemplo, para ejecutar obras públicas, pues la construcción de una obra pública no es un programa de la entidad sin animo de lucro, sino un proyecto específico del Estado. respecto a la causal 1 de exclusion, s entiende por contraprestación directa a favir de la entidad pública, aquella retribución patrimonial percibida como consecuencia de la ejecución del convenio, así las cosas, por ejemplo, cuando se ejecuta una obra pública, el Estado dispone de los recursos y a cambio recibe una obra; ésta se constituye en la contraprestación del contrato, toda vez que la obra entra a formar parte de los activos de la entidad; de igual forma cuando hay una compra, suministro, etc.

  8. Escrito por anonimo
    Fecha: 2010-09-16 00:34:50

    Muy interesante y completo el artículo, sin embargo me gustaría aclarar si en virtud a el artículo 2 del Decreto 777, es posible que una entidad pirvada sin ánimo de lubro, ejerza la interventoría en la realización de proyectos de vivienda cuya responsabilidad se encuentra en cabeza del Municipio. Agradezco su atención y sería muy util si pudiera darle respuesta a mi inquietud

  9. Escrito por Lawyer
    Fecha: 2010-09-16 04:04:34

    RESPUESTA A CATALINA: NO es posible contratar bajo esta modalidad una interventoría, porque esta labor, de acuerdo con lo señalado por la Corte Constitucional, es una función pública y el Decreto 777 artículo 2, contempla esta como una causal de exclusión.

  10. Escrito por anonimo
    Fecha: 2010-09-30 18:28:45

    Un ente territorial amparado en el segundo inciso del artìculo 355 de la C.P, celebra con convenio con la Càmara de Comercio con el fin de \"Colaboraciòn mutua para definir una estrategia de mercadeo de ciudad local (city marqketing, nacional e internaciona con miras a logar un posicionamiento competitivo, logrando un incremento en el comercio, inversiòn y turismo\" La pregusta es si ese objeto se puedia realizar a traves de un convenio, sin los procedimientos de la Ley 80 de 1993. Muchas gracias

  11. Escrito por anonimo
    Fecha: 2010-10-19 18:24:06

    PUEDE UN ENTE TERRITORIAL CELEBRAR CONVENIUO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES COMO SON LA EXPLOTACION, DIFUSION Y MANTENIMIENTO DE UN PARQUE ECOLOGICO? EN CASO, CUALES SON SUS REQUISITOS. MUCHAS GRACIAS

  12. Escrito por Lawyer
    Fecha: 2010-10-19 22:35:22

    RESPUESTA A OMAIRA Y DIEGO: En mi criterio ninguno de los dos casos es susceptible de desarrollarse através de este tipo de convenios, en el caso planteado por omaira, considero que se trata de una consultoria que debe contratarse previo concurso de méritos de conformidad a la ley 1150 de 2007. Respecto al caso planteado por Diego, no es posible que se celebre por medio de convenio, porque debe recordarse que este tipo de contrato tiene como propósito apoyar una actividad de interés público \"que esté siendo desarrollada por la entidad sin animo de lucro\" y ninguna ESAL puede estar realizando la explotación de un parque ecológico, luego no se trata de un programa o proyecto de la ESAL sino del Estado y en consecuencia resulta inviable la figura del convenio. debe acudirse a la selección pública y objetiva de contratista conforme a los procedimientos señalados en la ley 80.

  13. Escrito por anonimo
    Fecha: 2010-10-26 21:20:28

    Excelentes comentarios, ahora tengo una duda en lo que respecta a Convenios entre entidades públicas, no se si habrá alguna norma o ley que se refiera a este punto, puesto que si bien una entidad publica ejecuta una obra por administración directa no puede firmar \"convenio\" con otra con el término de \"convenio de cooperación interinstitucional\" por maquinaria pesada y que las labores de éstas maquinarias se paguen con las respectivas valorizaciones y a la vez sean facturadas por la otra entidad. Tengo entendido que solo procede firmar \"convenios interinstitucionales\", cuando la entidad solicitante se compromete a asumir todos los gastos operativos de las maquinarias solicitadas (combustible, repuestos, reparación, mantenimientos, etc.). Ahora, quisiera saber si existe reglamentación para esto, antes de continuar con el expediente de contratación y firma respectiva del documento llamado \"CONVENIO\".

  14. Escrito por anonimo
    Fecha: 2010-10-30 06:35:29

    Quiero que me ayuden a solucionar esta inquietud. ¿una entidad sin ánimo de lucro puede realizar un convenio con un municipio de una interventoria de una obra civil , pero no tengo la experiencia especificamente en interventoria sino en la construccion de obras civiles?

  15. Escrito por anonimo
    Fecha: 2010-11-01 21:41:57

    Es posible que una entidad territorial contrate con una entidad sin animo de lucro el suministro de raciones alimentarias escolares sin licitacion publica ni echa una convocatoria publico por un contrato cuya cuantia haciende a mas de 100 salarios minimos mensuales vigentes

  16. Escrito por anonimo
    Fecha: 2010-11-09 21:44:08

    Excelente, lo copiaré y lo guardaré para consulta, muchos alcaldes han cometido este grave error de celebrar contratos con personas sin ánimo de lucro violando los principios de contratación estatal, es decir, no hicieron el proceso de seleccion abreviada o de licitacion. Las cosas claras son mejores. OJO ALCALDES AFANADOS.

  17. Escrito por anonimo
    Fecha: 2010-11-09 22:31:09

    Excelente, lo copiaré y lo guardaré para consulta, muchos alcaldes han cometido este grave error de celebrar contratos con personas sin ánimo de lucro violando los principios de contratación estatal, es decir, no hicieron el proceso de seleccion abreviada o de licitacion. Las cosas claras son mejores. OJO ALCALDES AFANADOS.

  18. Escrito por anonimo
    Fecha: 2010-11-19 22:12:04

    La administración de Aipe, en el mes de septiembre de 2010, a través de la fundación para el buen gobierno, entidad descentralizada por servicios indirecta o de segundo grado del orden Departamental, sin ánimo de lucro, creada en virtud de lo establecido en el artículo 95 de la ley 489 de 1998, contrató la construcción de infraestructura educativa en la zona rural del municipio de Aipe de los siguientes centros educativos y sedes: construcción del aula polifuncional – restaurante y batería sanitaria sede pata. - construcción a todo costo del restaurante escolar de la institución educativa de Praga sede el cartel. - construcción del centro educativo santa Rita sede principal. - construcción del centro educativo mesitas sede santa Elena. - batería sanitaria sede el porvenir” conforme el anexo técnico elaborado por la secretaria de infraestructura, el que hace parte integral de este contrato, conforme con sus conceptos, el alcalde y demás funcionarios pudieron incurrir en delitos y faltas disciplinarias por violar el régimen contractual y disciplinario. La pregunta es ¿la fundación incurrió en algún delito? Que se puede hacer al respecto

  19. Escrito por anonimo
    Fecha: 2010-12-07 19:24:29

    Después de celebrar un convenio con una entidad pública; bajo que régimen puede contratar una entidad sin ánimo de lucro la ejecución de recursos públicos?

  20. Escrito por anonimo
    Fecha: 2011-01-03 02:57:09

    Tengo una fundacion sin animo de lucro, el objeto social es la educacion especial en nuestro municipio, estoy buscando la via legal para celebrar un convenio con la alcaldia donde incluya el aporte que la misma nos hace mediante el prestamo de un bien inmueble del municipio, como lo es la sede en que funciona la Fundacion que es el unico ente en nuestro municipio que presta estos servicios a la comunidad ,y así se le pueda invertir en su arreglo pues esta deteriorado. actulmente lo tenemos en comodato y se dice que estando en esta figura la alcaldia no puede invertir ningun tipo de recurso alli en estas instalaciones. pues tenemos la necesidad de contruir unos baños para niños discapacitados con paralisis y no contamos con los recursos necesarios . si nos pueden colaborar con la orientacion para elaborar un convenio dentro de los parametro de ley y poder acceder alos beneficios para la rehabilitacion de estos niños les quedaremos muy agradecidos.

  21. Escrito por Lawyer
    Fecha: 2011-01-03 15:33:27

    RESPUESTA HENRY: En mi criterio, los contratos a que se refiere el inciso 2 del artìculo 355 de la Constitución Política, son precisamente aquellos que buscan apoyar las actividades de beneficencia, como lo es, la atención, tratamiento y rehabilitación de niños discapacitados; sin embargo, se debe tener en cuenta que: 1. la entidad sin animo de lucro debe ser autosostenible, es decir, que funcione aun sin el apoyo del ente público o lo que es lo mismo, no puede depender de los aportes del municipio. 2. la entidad sin animo de lucro debe tener idoneidad para la prestacion del servicio, es decir, debe contar con una amplia experiencia especìfica y con resultados satisfactorios comprobados. 3. si el servicio que presta es de salud, debe estar habilitada por la respectiva autoridad. 4. la entidad sin animo de lucro debe estar prestando el servicio de manera autónoma y debe contar con su propia fuente de ingresos, presupuesto y estructura administrativa, lo que implica que los recursos publicos no se pueden destinar a sufragar los gastos ordinarios de funcionamiento de la fundación. 5. los recursos que aporte el municipio a traves del contrato, se deben destinar al mejoramiento del servicio prestado. 6. la adecuación de las instalaciones, implica la celebración de un contrato de obra pública, que debe estar precedido de un proceso público de selección por parte del ente municipal. no puede celebrarse un contrato con la entidad sin animo de lucro para que esta realice la obra ni para que la subcontrate. en conclusión, bajo las anteriores condiciones, sí puede realizarse un contrato con la entidad sin animo de lucro para apoyar el mejoramiento en la prestación del servicio de atención y rehabilitación de niños y niñas discapacitados.

  22. Escrito por Lawyer
    Fecha: 2011-01-03 15:49:20

    RESPUESTA A FENIX: las entidades sin animo de lucro son entidades privadas y como tal, en materia de contratación se rigen por las normas de derecho privado consagradas principalmente en el codigo civil y código de comercio; no obstante, como en razón del convenio estan ejecutando recursos públicos, deben en todo caso aplicar las normas de derecho privado pero orientados por los principios de economía, selección objetiva, transparencia y siempre deben rendir cuentas comprobadas de los gastos en que se incurrió, estando obligados a devolver los recursos no ejecutados. debe tenerse en cuenta que la entidad sin animo de lucro no puede subcontratar la prestación del servicio, como tampoco puede destinar los recursos públicos para sufragar sus gastos oridinarios de funcionamiento, como salarios, honorarios, servicios públicos, etc.

  23. Escrito por anonimo
    Fecha: 2011-01-28 18:58:13

    Pero para el desarrollo de cualquier actividad, asi sea de beneficencia se requiere de muchas actividades accesorias: compras, subcontratacion, etc. no seria esto un contrasentido. Por ejemplo un ancianato necesita gastos de administracion, compra de alimentos con algun proveedor; en actividades de capacitacion o artisticas (presentaciones de teatro para niños que viven en la marginalidad por ejm) con agrupaciones vulnerables se necesitan gastos del alquiler en donde se dictan los talleres, gastos de transporte para el dezplazamiento al lugar de actividades, refrigerios, papeleria, pago de talleristas, etc. Gracias.

  24. Escrito por Lawyer
    Fecha: 2011-01-31 16:00:02

    RESPUESTA A LUIS PANTOJA: Apreciado lector, comparto su apreciación respecto a la necesidad que tiene el contratista de adquirir bienes o servicios para dar cumplimiento al objeto del convenio; sin embargo es importante precisar los siguientes aspectos: 1. la entidad sin animo de lucro que recibe el apoyo estatal debe ser autosostenible administrativa y financieramente. lo importante de esta condición es impedir, que algunos administradores (alcaldes y gobernadores) a través de sus colaboradores (secuaces), creen fundaciones de papel, para transferirles recursos publicos y ejecutarlos a su conveniencia (apropiarselos). 2. Como consecuencia de lo anterior, los recursos publicos no pueden destinarse a sufragar los gastos propios de la entidad sin animo de lucro. al respecto le cuento que lastimosamente un municipio del tolima suscribió un convenio con una fundación para apoyar el ingreso de los jovenes a la educación superior, para lo cual le entregó cerca de 200 millones, de estos recursos sólo 40 millones se destinaron a subsidiar los costos de matricula de los estudiantes y los restantes 160 millones se gastaron en el pago de salarios, gastos de mantenimiento, servicios publicos, compra de equipos, entre otros gastos de la fundación. efectivamente es una nómina privada al servicio politiquero del alcalde. 3. cuando me refiero a la no posibilidad de subcontratar, me refiero a que la fundación no se ocupe solo del papel de intermediario del contrato, es decir, (sucede en la gobernación del tolima), el depto contrata con el comite de cafeteros y este contrata a un tercero para que ejecute integramente el contrato. por supuesto que cuando una fundación desarrolla una actividad de interés benéfico tiene que incurrir en algunas compras, pero estas son las necesarias para que ella misma desarrolle directamente la actividad, pero es muy distinto cuando A contrata a B y este contrata a C, luego B no hace mas que intermediar.

  25. Escrito por anonimo
    Fecha: 2011-01-31 17:34:01

    Disculpe, le habia hecho otra pregunta, que es mas importante la respuesta para mi. Sobre la nominacion exacta de si son convenios de interes publico, y si pueden existir contratos de interes publico (entendiendo que en los contratos si existe una contrapresatacion). Y si al plantear en un convenio el termino \"aunar esfuerzos\" la entidad sin animo de lucro tendria que aportar un valor ya sea en especie, y este seria parte del valor total del contrato o por el contrario la administracion puede aportar todo el valor del contrato y en este caso seria un contrato de interes publico.

  26. Escrito por Lawyer
    Fecha: 2011-01-31 21:22:05

    RESPUESTA A LUIS PANTOJA: Respetado Doctor pantoja, si bien es cierto ontologicamente los términos \"convenio\" y \"contrato\" presentan diferencias sustanciales, como lo es el caracter conmutativo de este; tambien lo es, que el Constituyente en el artículo 355 y el gobierno en el decreto 777, no tuvieron en cuenta esta distinción y se refieren es a \"contratos\". De igual forma, el Consejo de Estado en sus diferentes pronunciamientos se ha referido a ellos con las expresiones \"convenios\" y \"contratos\", indistintamente. por lo anterior, considero que no existe problema en utilizar una u otra nominación. la ley no ha establecido una denominación exacta para este tipo de contratos y por eso la amplia gama de nombres que las diferentes administraciones le han colocado, como \"contratos de cooperación insterinstitucional\", \"convenios de interés público\", \"convenios interinstitucionales\", \"contratos de aporte\", \"contratos sin contraprestación\", entre muchos otros que en la practica contractual he encontrado en distintas entidades, pero que en escencia se tratan de los mismos convenios con entidades sin animo de lucro para fomentar actividades de interés público. No obstante, si quiere mi criterio personal, considero que por la naturaleza del acuerdo de voluntades, lo correcto jurídicamente es referirse a ellos como \"convenios de apoyo a programas de interés público\". Respecto a los aportes de las partes, considero que sí es necesario que las partes efectúen aportes, pero no necesariamente tienen que ser económicos ni cuantificados, de tal manera que el convenio puede incluir aportes de recursos públicos y privados en efectivo o aporte de recursos en efectivo de una parte y en experiencia, capacidad operativa y logística de la otra, sin necesidad de otorgarle un valor a este último aporte, es decir, para responder su pregunta, considero que sí puede existir un \"convenio\" en el que el Estado aporte la totalidad del recurso en efectivo. El Consejo de Estado, en concepto de 25 de septiembre de 2008, radicación 2008-00049, señaló: \"dichos contratos según lo dispuso el constituyente, se estructuran bajo la idea de que lo que se busca realmente es una suerte alianza de fuerzas, públicas y privadas, para logar un mismo propósito, donde en veces el sector público podrá aportar todo el dinero mientras la parte privada sin ánimo de lucro aportará la experiencia o el personal o las instalaciones o viceversa, según sea el caso. Así, no podría darse un contrato conmutativo, en el cual se advierta un intercambio o venta de bienes o servicios, sino un convenio para colaborarse en el cumplimiento de sus misiones, lo que se permite al coincidir el objeto social del privado que actúe sin ánimo de lucro con la actividad que el Estado quiere impulsar\". En conclusión, independiente de la nominación o de la naturaleza de los aportes, lo esencial o sustancial en el convenio que se pretenda suscribir, es que efectivamente su objeto sea el de apoyar la actividad benéfica desarrollada por la entidad sin animo de lucro, sin que el mismo se utilice como maniobra evasiva de los procedimientos ordinarios de contratación. espero haber dado elementos de juicio que le permitan estructurar su conclusión.

  27. Escrito por anonimo
    Fecha: 2011-02-08 01:20:54

    Señores, mi profesion es Ingeniero Civil, del articulo se puede concluir que las fundaciones sin animo de lucro no pueden ejecutar obras de infraestructura, o de lo contrario la entidad estaria incurriendo en un delito tipificado como \"celebración indevida de contratos\" ? Gracias

  28. Escrito por anonimo
    Fecha: 2011-02-19 00:17:24

    Lo siguiente es para que me den claridad al respecto, de la contratación directa con las entidades sin ánimo de lucro por pate de las entidades territoriales, en el caso de el desarrollo de programas de salud pública, encausados en los proyectos de reducción de la mortalidad infantil de niños menores de cinco años; dándole la aplicación del artículo 355 de la constitución política y el articulo 1 y 2 del decreto 777

  29. Escrito por anonimo
    Fecha: 2011-03-07 18:00:37

    gracias por este espacio, tengo una inquietud, contamos con un corporacion sin animo de lucro , que tiene como objeto el fomento de la investigación, desarrollo de ciencia y tecnologia, actualmente hemos presentado un proyecto de apoyo tecnologico a las instituciones educativas en la optimizacion de procesos organizativos y de comunicacion entre los diferentes actores de la cumunidad educativa, directivos, docentes, estudiantes, padres de familia apoyados en la transferencia tecnologica desarrollada desde la corporación con miras de mejorar la calidad educativa del municipio. mi pregunta es si se puede realizar un convenio especial de coperacion o se puede utilizar esta forma de contratación por convenio en nuestro caso. le agradezco su colaboración.

  30. Escrito por Lawyer
    Fecha: 2011-05-09 16:37:50

    los programas de salud publica son programas propios de la actividad estatal ordinaria y no son programas de la entidad sin animo de lucro, por lo tanto no se debe acudir a la celebración de convenios de conformidad al decreto 777, sino que se deben efectuar un proceso publico de seleccion de contratistas, acorde a la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y decreto 2474

  31. Escrito por anonimo
    Fecha: 2011-05-28 22:39:00

    Me place sobre manera encontrar un artículo y un debate tan importante como el que se trata en esta pagina. Por cuanto, la falta de conocimiento de algunos temas contractuales se puede convertir en un problema para la administración publica. Con lo anterior, quisiera que me colaboraran con un par de preguntas que me aquejan y que a continuación expondré: 1. ¿Los convenios de apoyo a programas de interés público se pueden suscribir con asociaciones conformadas por habitantes de la zona rural de un municipio sin experiencia pero con los seis meses de creación, exigida por ley? 2. En caso afirmativo. ¿El convenio se puede suscribir para beneficio de los mismos integrantes de la asociación? 3. Con la lectura de la norma y el presente articulo, creo que si podría constituirse en un programa de interés publico: Apoyo y suministro de productos (comederos, bebederos, angeo, concentrado, pollos) para el desarrollo, comercio, y fortalecimiento del consumo de pollo en determinado municipio, en beneficio de un tercero, que en este caso serian otras asociaciones rurales (de avicultores), creadas por los habitantes de las veredas para la sostenibilidad de los mismos y beneficio de la comunidad de dicha localidad. ¿en su versada opinión, seria posible este objeto contractual basado en el Decreto 777? 4. En caso de poder suscribir el convenio con dicho objeto ¿seria viable entregar bienes muebles, como productos, insumos (lo descrito anteriormente) y semovientes o siempre debe ser aportes en dinero? Mil gracias por su atención y espero una pronta respuesta.

  32. Escrito por anonimo
    Fecha: 2011-05-30 04:22:14

    Todos los precios o valores que se fijan en un contrato o convenio obedecen a un analisis de precios unitarios. donde se estipula el A.I.U. en el caso de los convenios no se contemplaria la utilidad, pero se tendrian en cuenta la administracion y los imprevistos. conforme a lo anterior pueden los convenios de interes publico generar excedentes o rentabilidad para la entidad sin animo de lucro que firma el convenio o el contrato.

  33. Escrito por Lawyer
    Fecha: 2011-05-30 16:10:55

    APRECIADOS LECTORES, POR FAVOR AL EFECTUAR COMENTARIOS INCLUYAN EL NOMBRE, PUES EN SU MAYORIA SON ENVIADOS COMO ANONIMOS Y ESTO DIFICULTA RESPONDER DIRECTAMENTE.

  34. Escrito por Lawyer
    Fecha: 2011-06-13 18:12:39

    RESPUESTA PROYECTO APOYO TECNOLOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS: Tal como se ha expuesto insistentemente, el objeto de los convenios con entidades sin animo de lucro no puede ser otro que el apoyo a programas de carácter benéfico que la entidad sin ánimo de lucro esté ejecutando. En tal sentido, se enfatiza en que la entidad sin animo de lucro debe estar desarrollando el programa con sus propios recursos y de manera idónea, para que el Estado pueda a través del convenio efectuar algun aporte. pero no basta con ello, sino que además el programa debe ser de caracter benéfico, es decir, no se trata de cualquier programa que ejecute la entidad, sino que debe verificarse esa condición, de tal suerte que a partir de la descripción dada en su comentario, la cual es demasiado abstracta (\"apoyo tecnologico en la organizacion de procesos organizativos y de comunicación.. apoyados en la transferencia tecnologica\") no es posible identificar claramente el objeto del convenio, pues puede tratarse de un suministro de computadores, instalacion de redes de internet, capacitacion en tecnologias de la información y comunicación, etc. cualquiera de los cuales no podría catalogarse como una actividad benéfica si es el estado quien resulta comprando los bienes o servicios. en conclusión, el objeto del proyecto debe ser claro y expreso para que pueda determinarse la viabilidad de la suscripción de un convenio. por lo pronto basta señalar que no es posible a través del convenio, adquirir y suministrar equipos de computo, instalación de redes ni capacitación, pues tales objetos deben ser contratados a través de las modalidades de seleccion publica ordinaria, esto es, licitacion publica, seleccion abreviada o concurso de meritos según sea el caso.

  35. Escrito por Lawyer
    Fecha: 2011-06-13 18:34:21

    RESPUESTA PROYECTO CON ASOCIACION CONSUMO DE POLLO: formúla cuatro preguntas en su comentario, las cuales se pueden resolver así: 1. ¿se puede suscribir convenio con habitantes de la zona, sin experiencia pero con 6 meses de creación? R// NO es posible suscribir el convenio, porque la Constitución y el Decreto 777 exigen que la entidad sin ánimo de lucro debe contar con reconocida idoneidad, por lo tanto, si la entidad no tiene ninguna experiencia no sería idónea para la ejecución del programa. bajo esta premisa, las demas preguntas resultarían inocuas, sin embargo, con relacion al objeto del convenio \"apoyo y suministro de bienes para produccion y comercialización de pollo\", considero que no es viable esta figura, porque podrìa constituirse en una donación expresamente prohibida por la Constitución Política, además de la notoria afectación a la transparencia, objetividad, equidad e imparcialidad con que deben manejarse los recursos públicos. justamente en estas epocas electorales sería nefasto para la democracia una feria como la que se propone en el comentario. es cierto que el Estado debe promover la creación de empresa, pero ello no se logra entregando gratuitamente unos bienes a personas sin experiencia, pues seguramente tales pollos terminaran en la olla del mismo \"empresario\". En el Departamento del Tolima, mas de cuatro mil millones de pesos se perdieron porque la administración a través del \"banco de las oportunidades o de los pobres\", entregó sin garantías, irresponsablemente y politiqueramente, una cantidad de recursos, entre otras para proyectos de gallinas, los cuales nunca dieron resultado. En conclusión considero que no es viable la suscripción de un convenio con una asociación sin experiencia porque no es idónea, como tampoco su objeto puede ser el suministro gratuito de bienes, por tratarse de una donación y no de un programa de interés público.

  36. Escrito por Lawyer
    Fecha: 2011-06-13 18:54:01

    RESPUESTA EXCEDENTES DE CONVENIO: La ejecución de un convenio con una entidad sin animo de lucro, para el cual el Estado ha aportado recursos, implica que la ESAL recibe y administra unos recursos públicos con una destinación específica que es el desarrollo de un programa de interés público, de tal forma que los recursos sólo pueden destinarse a cubrir los gastos propios de la ejecucion del proyecto incluidos los costos administrativos, todos los cuales deben estar plenamente demostrados para efectos de la liquidación del convenio, en donde el Estado sólo puede reconocer los gastos debidamente acreditados, de tal suerte que los recursos cuya ejecución no esté debidamente soportada deben ser reintegrados al Estado. en conclusión, si de la ejecución de un convenio surgieran excedentes de los recursos públicos, estos se deben reintegrar. caso distinto sería si la entidad sin animo de lucro hubiera participado y ganado en un proceso público de selección, caso en el cual el Estado le tendría que pagar el precio pactado, independiente si se generan o no utilidades o excedentes.

  37. Escrito por anonimo
    Fecha: 2011-06-20 22:35:51

    Tengo la inquietud en el caso de los recursos de administración de los recursos que cobran estas entidades sin ánimo de lucro si son legales o no, esto es permisible? En muchas oportunidades se ve que una entidad territorial celebra un convenio con estas entidades por un valor X y la entidad cuando subcontrata lo hace por un valor de X-Y, donde Y es el valor que ellos toman por administración de los recursos para su sostenimiento, por lo leído en otros conceptos anteriores esto no es posible y lso recursos se deben de devolver, pero entonces bajo que figura legal esto se hace?

  38. Escrito por Lawyer
    Fecha: 2011-06-21 16:12:56

    RESPUESTA ADMINISTRACION SUBCONTRATO: El caso planteado es precisamente la modalidad de corrupción más comunmente utilizada por los administradores públicos y consiste justamente en celebrar un convenio con una entidad sin animo de lucro para que esta subcontrate integralmente la ejecución del proyecto, por supuesto entregando el subcontrato al \"amigo\", operación por la cual la entidad sin animo de lucro que se presta para esta maniobra obtiene una ganancia disfrazada bajo el nombre de gastos de administración. Este modus operandi no es mas que la evasión al proceso de selección pública, vulnerando el deber de selección objetiva, lo cual no es permisible porque además recordemos que el contrato de apoyo tiene, entre otras, las siguientes características: 1. a través del contrato, el Estado apoya un programa de interés público, que una entidad sin animo de lucro está desarrollando. de allí que el ejecutor del programa debe ser la misma entidad sin animo de lucro y no puede subcontratar. 2. El contrato es de apoyo, ello quiere decir que el programa ya debe existir, por lo que no se puede suscribir este tipo de contrato para que la entidad sin animo de lucro ejecute un proyecto creado por el Estado. 3. la finalidad del contrato es benéfica y sin animo de lucro, por lo cual no puede existir utilidades o excedentes a favor de la entidad. 4. Los recursos entregados tienen el caracter de públicos, por lo tanto sólo pueden ser destinados a la ejecución del proyecto, correspondiendo a la entidad sin animo de lucro acreditar su inversión. 5. Todos los gastos deben estar debidamente soportados con las facturas, comprobantes, recibos, etc., para acreditar que los recursos públicos fueron destinados unicamente al proyecto de interés público. 6. los costos de administración se pueden reconocer siempre y cuando se acrediten y estén directamente relacionados con la ejecución del programa. 7. la entidad sin animo de lucro debe ser autosostenible, es decir, no puede depender administrativa y económicamente de los recursos del Estado, de allí que no se le pueda reconocer como costos de administraciòn, los gastos propios de funcionamiento, como servicios públicos, arrendamiento, nómina, utiles y equipos de oficina, porque todos estos gastos los debe sufragar la misma entidad sin animo de lucro independiente de la existencia de un convenio. admitir lo contrario sería permitir que se creen entidades de papel para subsistir de los recuros que le entregue el Estado. 8. Para la suscripción del contrato se requiere que la entidad sin animo de lucro cuente con reconocida idoneidad, esto es, que tenga la experiencia y capacidad administrativa, financiera y técnica para desarrollar el programa, por lo tanto, no le es dable subcontratar. En fin, en el caso planteado resulta evidente la celebración indebida del contrato, donde la prueba principal es justamente el subcontrato celebrado por la entidad sin animo de lucro, porque con el se demuestra que ésta no tenìa la idoneidad para ejecutar directamente el proyecto y además al tener el subcontrato un valor inferior (que seguramente incluye costos de administración, imprevistos, utilidad e IVA) se demuestra que el contrato principal no se ajusta a los precios del mercado, existiendo un sobrecosto que el Estado no puede reconocer. En consecuencia, el administrador público que suscribio un contrato en esas condiciones debe responder disciplinaria, penal y fiscalmente.

  39. Escrito por mary
    Fecha: 2011-08-10 04:31:34

    Lawyer siendo notorios sus conocimientos en el tema quisiera saber si se puede suscribir convenio de apoyo a programas de interés público entre una asociación sin ánimo de lucro indígena y la secretaria de salud departamental para ejecutar unos programas de etnosalud que va dirigida para comunidades indígenas desplazadas por la protección especial que da la corte mediante sentencia 2009 el ministerio acorde plan nacional osdena unos recursos para atender necesidad de esta poblacion protegida de forma especial mary

  40. Escrito por Enrique
    Fecha: 2011-10-06 22:28:38

    Si una Empresa Social del Estado (ESE), suscribe un convenio interadministrativo con una entidad sin animo de lucro, para el diseño (Consultoria) y ejecucion de la obra (Contrato de obra) y esta a su vez la subcontrata con otra entidad para la realizacion de estas actividades ¿Estaria incurriendo en elguna irregularidad? Sabiendo que las ESE en materia contractual se rigen por el derecho privado, con este convenio ¿estarian violando los principios como transparencia, objetividad, publicidad, economia, etc. dispuestos en la Ley 80 del 93 y la CPC art 209?

  41. Escrito por Lawyer
    Fecha: 2011-10-13 00:55:23

    en mi criterio sì se vulnera el principio de transparencia y el deber de selecciòn objetiva, porque las Entidades sin animo de lucro no estan constituidas para ejecutar directamente obras pùblicas. prueba de ello es que tuvo que subcontratar y con esto se demuestra que la entidad no contaba con la idoneidad necesaria para desarrollar el objeto del convenio. yo pienso que no es mas que una triangulaciòn tendiente a eludir la licitacion

  42. Escrito por Lawyer
    Fecha: 2011-10-13 01:04:13

    considero que la realizacion de festividades municipales no puede catalogarse como una actividad de beneficencia social y por ende se encuentra excluida de la celebraciòn de convenios.

  43. Escrito por AlbaTroX
    Fecha: 2011-11-26 21:03:52

    Señor Abogado: Tenemos una Fundación hace 3 meses. Fue constituida pro unos aportes en especie (local, equipos) y otros aportes económicos (5,000,000), conformamos la Fundación para atender niños y adolescentes en riesgo. Llevamos estos meses de actividades de formación, recreación, capacitación, atención integral... Les conseguimos ropa, alimentos, juguetes, les armamos actividades lúdicas, deportivas y afines. Mis preguntas son: 1. La admon mpal quiere apoyarnos, para que ampliemos el espectro, atendamos más adolescentes... ¿Se puede? 2. Con el dinero recibido como apoyo, ¿se puede contratar otro personal? (Es decir, más apoyo para la nueva cantidad de niños y adolescentes) Quedo agradecido de tu respuesta, Mil Gracias!

  44. Escrito por Alfonso
    Fecha: 2011-12-09 23:33:05

    ¿ Es legal,se puede firmar un convenio entre una entidad territorial y una empresa privada exploradora de petroleo para arreglar,reparar una via en un 50 % cada una,cuando es la compañia petrolera la que con su actividad daño la via al transitar vehiculos de gran tonelaje por la via ; estudios realizados por esta empresa señalaron que la via se daño fundamentalmente por el transito de estos vehiculos ?

  45. Escrito por Edgar
    Fecha: 2011-12-13 08:46:18

    Buenas noches, primero que todo deseo felicitar al autor por el articulo encontrado aca, ya que despeja para fortuna de muchos, dudas que podrian ser nefastas a la hora de celebrar contratos con ONG s y en general con entidades sin animo de lucro En cuanto a lo que me trae a leer dicho articulo me surgen dos inquietudes 1. En mencion del decreto 777, las entidades sin animo de lucro pueden celebrar convenios siempre y cuando no constituyan contraprestación a favor de la entidad, en este caso, si un municipio(el alcalde en este caso junto con su administración) desea construir el plan de desarrollo municipal y teniendo en cuenta la premura de dicha tarea( que por mandato constitucional debe ser entregado para aprobación del consejo municipal antes de 3 meses) y teniendo en cuenta que se desea que la comunidad participe masivamente en dicha construccion; puede un municipio celebrar un convenio para la participacion y acompañamiento en la construccion del plan de desarrollo municipal, con una Fundacion que trabaje el tema de participacion ciudadana y politicas publicas? 2. De no ser posible, y teniendo en cuenta que el monto del convenio o contrato es menor a 100 salarios minimos, seria por cotratacion directa el metodo que se seguiría para no incurrir en ningún tipo penal y falta disciplinaria? Agradezco la respuesta, pues en esta epoca pronta a entrar los nuevos alcaldes, existen dudas al respecto.

  46. Escrito por libardo duquesalazar
    Fecha: 2011-12-19 18:47:25

    si una fundacion hace un contrato con el estado, esta puede cobrar hasta cuanto de porcentaje, por valor de administracion del proyecto

  47. Escrito por SARA
    Fecha: 2012-02-11 16:49:02

    Excelente, su artículo. He consultado mucho en internet sobre este tipo de contratos y es la primera vez que encuentro algo tan completo y tan claro.

  48. Escrito por Luis Caballero
    Fecha: 2012-02-22 23:08:19

    Cordial Saludo. Si bien los programas de salud publica son programas propios de la actividad estatal ordinaria y no se debe acudir a la celebración de convenios de conformidad al decreto 777, sino que se deben efectuar un proceso publico de seleccion de contratistas, acorde a la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y decreto 2474, planteamiento que comparto en su totalidad, ¿Usted considera que en desarrollo de esta normatividad se puede contratar con las mismas entidades sin ánimo de lucro bajo la figura de contrato de pretaciòn de servicios profesionales, en consideraciòn a que no se trata de servicios de salud, porpiamente dichos, sino de actividades de promociòn y prevención desarrollados por profesionales de la salud (psicòlogos, enfermeros, entre otros)?. Muchas Gracias.

  49. Escrito por IVONNE
    Fecha: 2012-02-25 03:15:43

    Sería tan amable de orientarme respecto a lo siguiente: una asociación de docentes puede suscribir un convenio para suministrar alimentos inocuos? La duda surge a raíz de lo establecido en el artículo 8 literal f de la ley 80 de 1993. Gracias.

  50. Escrito por RODRIGO
    Fecha: 2012-03-15 00:51:52

    UN MUNICIPIO CELEBRA UN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EL DEPARTAMENTO PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, DESPUÉS EL MUNICIPIO PUEDE CELEBRAR UN CONVENIO CON UNA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTOS RECURSOS.

  51. Escrito por magnolia
    Fecha: 2012-03-16 06:31:05

    Gracias por la información tan valiosa, me encantaría si me informa si el siguiente objeto: Apoyar en la coordinación y desarrollo de las acciones tendientes a fortalecer las formas de autorregulación y comportamientos ciudadanos, de tal manera que permitan generar mayor sentido de pertenencia a la ciudad valorando, respetando y acatando todos aquellos comportamientos ciudadanos que han sido patrimonio común en los municipios y que aseguren una mejor movilidad y una mayor calidad de vida. Puede ser utilizado en este tipo de convenios, cuando lo que se pretende es que se realicen una serie de actividades como: Desarrollar acciones pedagógicas para promover el conocimiento y acatamiento de las normas de comportamiento ciudadano. Realizar encuentros ciudadanos en diferentes espacios públicos con el fin de transformar las relaciones de las personas con su entorno. Desarrollar acciones pedagógicas para estimular el reconocimiento de la corresponsabilidad entre las instituciones públicas y los ciudadanos en cuanto a la disposición y uso de los recursos públicos.

  52. Escrito por OMAR ALFONSO ROMERO GARRIDO
    Fecha: 2012-03-19 18:01:05

    puede una ong de reconocida ideonidad , con experiencia de 11 años , en diferentes campos principalmente en suministro de almuerzo a las escuelas oficiales y urbanas, ¿ Puede contratar en convenio sin necesidad de licitaciones . GRACIAS ,

  53. Escrito por GUILLERMO GOMEZ
    Fecha: 2012-03-25 15:00:29

    Señores es viable celebrar un convenio con una corporacion sin animo de lucro que contemple aunar esfuerzos y dentro del objeto contractual sea el suministro de implementacion deportiva, se puede celebrar de conformidad con el decreto 777 articulo 355? espero pronto sus respuestas , recibo email en mi correo .gracias

  54. Escrito por KARINA
    Fecha: 2012-04-01 00:19:58

    Es posible que una entidad territorial contrate con una entidad sin animo de lucro el suministro de raciones alimentarias escolares sin licitacion publica ni echa una convocatoria publico por un contrato cuya cuantia haciende a mas de 100 salarios minimos mensuales vigentes

  55. Escrito por Luisito1
    Fecha: 2012-04-02 23:39:26

    Una corporación puede celebrar convenios para aunar esfuerzos con una fundación para desarrollar obras para controlar la erosión, estas se encuentran incluidas en los proyectos de la corporación, los recursos los aporta la corporación. O se debe convocar a varios oferentes para que presenten sus propuestas. Agradezco inmensamente su colaboración

  56. Escrito por YENNY
    Fecha: 2012-04-12 03:48:41

    LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE EJECUTARON "CONVENIOS" ENTRE COMILLAS, DE OBRA CIVIL PUBLICA, ¿TENDRÍAN ALGUNA SANCIÓN O SOLO LA TENDRÍA LA ENTIDAD CONTRATANTE?

  57. Escrito por Lawyer
    Fecha: 2012-04-12 04:47:10

    RESPUESTA YENNY: Respecto a la responsabilidad de la entidad sin animo de lucro contratista, se debe tener en cuenta los diferentes tipos de responsabilidad, en ese sentido, si de la ejecución del convenio se advierte la exitencia de detrimento patrimonial al estado, por ejemplo por sobrecostos, el contratista sería solidariamente respnsable en un proceso de responsabilidad fiscal. así mismo, dependiendo de las pruebas existentes, el representante legal de la entidad contratista, podría ser penalmente responsable, en calidad de copartícipe, por el delito de celebracon de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, como se explica en el articulo.

  58. Escrito por Lawyer
    Fecha: 2012-04-12 04:54:05

    RESPUESTA LIBARDO DUQUE SALAZAR: con relacion al cobro de administración, por parte de la ESAL, debe tenerse en cuenta que en este, como en cualquier tipo de convenio, los recursos entregados por la entidad estatal, nunca pierden su conotación de recursos públicos, ni se deben desligar de la órbita de control del Estado. en tal sentido corresponde a la entidad contratante verificar, reconocer y pagar, únicamente los gastos administrativos directamente relacionados, necesarios y debidamente comprobados. por supuesto, al momento de suscribir el contrato se debe pactar un porcentaje destinado para estos gastos y ellos deben estar presupuestados de acuerdo a los estudios previos que elabore la entidad, pero en todo caso no significa que se deba pagar los valores pactados, sino los gastos comprobados.

  59. Escrito por Lawyer
    Fecha: 2012-04-12 05:01:54

    RESPUESTA IVONNE. RODRIGO, OMAR Y KARINA: Respecto a los convenios suscritos con ESAL como asociaciones de padres de familia, asociaciones de docentes, etc. para la ejecucion de los programas de alimentación escolar; mi criterio personal es que el objeto de estos contratos realmente es el suministro de alimentos y el Estado lo cumple por mandato legal, especialmente en las entidades que perciben reaglías directas; en consecuencia, por tratarse de un contrato de suministro que podria ejecutar cualquier entidad privada, que no obedece a un programa de una ESAL, sino al cumplimiento de un deber legal, estos contratos se encuentran excluidos por el artículo 2 del Decreto 777 de 1992 y los contratistas deben ser seleccionados previa licitación pública o selección abreviada según la cuantia.

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