Corrupción arraigada, institucionalizada, extendida, consentida y tolerada. Esa es la sensación de la mayoría de los ciudadanos españoles a la luz de las últimas informaciones. Sin embargo, para la secretaria general del partido político que ganó las últimas elecciones y que respalda a un Gobierno con la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, contra la corrupción se está actuando de manera “contundente”. Es más, considera que su partido, el PP “ha hecho todo lo que podía hacer” contra la corrupción, ya que ellos no pueden actuar como la justicia y “meter un militante en la cárcel”.

Para eso, naturalmente, están los jueces. Aunque no parece que tengan los mismos obstáculos para sacarlos, pues también nos hemos enterado de que Jaume Matas, ex ministro en el Gobierno de Aznar y ex presidente del Gobierno balear, ha obtenido un generoso tercer grado penitenciario a los tres meses de ser ingresado en prisión. Muchos hablan de indulto encubierto y, claro, se preguntan si esa es la contundencia contra la corrupción que reivindica su partido.

Porque, tal vez Dolores de Cospedal ha obviado que si su partido, afortunadamente, no puede realizar las funciones propias de los jueces, sí que puede hacer legislar para actuar contra la corrupción de manera verdaderamente contundente y definitiva.

Declaraciones sobre contundencia contra la corrupción de Cospedal

Medidas contundentes contra la corrupción no planteadas por el Gobierno

Dejando al margen el consejo personal de refundar completamente ese partido, el más acosado por los casos de corrupción, e instalar nuevos cimientos, porque los anteriores están completamente podridos, se me ocurren una serie de medidas que su partido, a través de su representación legislativa y ejecutiva podrían llevar a cabo:

- Que, por una vez, su partido político o cualquier otro investigue y lleve a la justicia a cualquiera de sus miembros que sean sospechosos de alguna conducta de corrupción contraria a derecho. Antes de que tenga que ser la policía la que, en el curso de largas investigaciones que siempre parecen pasar desapercibidas a sus dirigentes, los detengan. Hasta el momento la norma general ha sido mirar para otro lado, apoyar y encubrir a los presuntamente implicados en corrupción.

- Que se adecúen las penas del Código Penal a la gravedad de estos delitos de corrupción, que afectan a las vidas de muchas personas. Es a estos vividores de lujo a los que hay que amenazar, de manera preventiva, con largas estancias en prisión. No a desesperados toxicómanos a los que esa amenaza les resulta indiferente. ¿Alguien cree de verdad que estos personajes arriesgarían sus acomodadas existencias ante la sospecha de poder malgastar 30 años de sus apreciadas vidas entre rejas?

- Que el Gobierno, de manera explícita y regulada, suprima la concesión de indultos o medidas de gracia o atenuación de pena para estos delitos de corrupción.

- Que los que pasan de ser “presuntos” a delincuentes con todas las de la ley respondan, hasta el último céntimo de lo defraudado o estafado y las correspondientes sanciones, con todos y cada uno de sus bienes presentes o futuros, hasta que hayan resarcido su deuda.

- Que sean inhabilitados a perpetuidad en cargos políticos o administrativos que puedan tener algún tipo de relación con el manejo de los intereses de los ciudadanos.

Aún condenado por corrupción por la justicia, Jaume Matas ha salido a los tres meses con un tercer grado

Actuales políticos contra la corrupción, ¿futuros implicados por la justicia?

Sin duda, a muchos se les ocurrirán muchas más medidas. Existen opciones, posibles soluciones o intentos verdaderos de acabar con esta lacra que, mucho me temo no va a tener fin, porque los que ahora condenan de boquilla, es muy probable que mañana estén también imputados por casos que aún no conocemos. Esa es la cuestión: los que hablan ahora no son contundentes de verdad, porque intuyen que les afectaría esa contundencia en un cercano futuro.

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