Otro tiro al aire.  Ya van muchos. Ahora toca culpabilizar a los funcionarios del desajuste en las cuentas. Se propone congelar el sueldo de los mismos como medida para combatir el déficit público. Tras una subida pactada del 0,3% hasta el 2013, el Gobierno da marcha atrás y considera excesivo el gasto, piensan los rectores políticos que se cobra demasiado en las administraciones. Sin matizar. Sin hacer distinciones entre los mismos funcionarios. Todos en el mismo saco.

La medida ofrece carne fresca con la que desviar la verdadera responsabilidad del tremendo desaguisado que han organizado nuestros insignes dirigentes políticos. Poniendo a parir al colectivo, mostrándolos como una rémora  que lastra la progresión, ofreciendo a los mismos como vagos indolentes que se limitan a leer el periódico, los nulos e ineptos gestores económicos pretenden darse un respiro mientras el pueblo devora a estos supuestos indeseables.

Convendría aclarar algunos aspectos antes de degradar y judicializar a más de dos millones y medio de personas. Un elevado porcentaje de los asalariados del Estado no llega a mileurista. La disposición jerárquica del sistema sitúa en el escalón más bajo a la inmensa mayoría de ellos, con salarios entre 900 y 1.300 euros. Cierto es que por encima aparecen sueldos que, en algunos casos, multiplican por mucho estas cantidades. Pero son los menos. El funcionario medio trabaja para sobrevivir, no para vegetar como Dios a costa de los demás. Es imperativo el recorte en los gastos públicos. Pero, ¿no se les ocurre otra cosa que la de congelar algo que lleva enterrado en el hielo más de quince años? El sueldo ya se bloqueó hace mucho tiempo, con lo que el poder adquisitivo va menguando progresivamente desde hace tres lustros.

¿Por qué no empiezan por la parte de arriba, por ellos mismos? Si sumamos  los casi 10 millones de euros de gasto mensual en asesorías (dato oficial), con lo que nos cuestan los cargos de confianza que no se sabe bien que puñetas hacen, algo más útil se podría conseguir. Pero eso no. No les conviene. Es preferible enviar al paredón a otros, es fácil soltar presas para saciar el hambre de soluciones. Lo que hay que analizar es si estas presas son también víctimas de la incapacidad del Gobierno, o son la causa del problema. Yo me oriento por lo primero.

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